El juez: “Son unos tránsfugas”

La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife sobre la moción de censura de octubre pasado en Tacoronte no deja ni un resquicio para la duda. Todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en su defensa por los cinco concejales expulsados del PSOE, por los servicios jurídicos del Ayuntamiento (puestos de su parte) y por el Partido Popular (puesto de su parte, naturalmente) han sido tumbados de manera en apariencia contundente por el magistrado Jorge Riestra Sierra, con lo que parece dibujarse un escenario similar al caso de los seis expulsados de la isla de La Palma, cuyo recurso conoce ya el mismo juzgador. “Son unos tránsfugas” y como tales, están sujetos a las exigencias del artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que obliga en tal caso a proveer un quorum reforzado en el caso de que los políticos con tales atributos promuevan una moción de censura.

¿Y por qué adquieren la condición de tránsfugas los cinco de Tacoronte? Separado el trigo de la paja en medio de una amplia argumentación jurídica expuesta a lo largo de 22 folios, básicamente porque los concejales socialistas perdieron su condición de pertenencia al PSOE “por razón disciplinaria interna del partido político” que “al ser causa de pérdida de adscripción al grupo político municipal, es caso de transfuguismo previsto en la ley a la que es de aplicación la mayoría reforzada en la moción de censura”. Y lo reitera su señoría unos párrafos más adelante cuando afirma: “En la medida en que se da la circunstancia de que los concejales dejen de pertenecer, por cualquier causa —sanción de expulsión en este caso—, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato, contradiciendo la disciplina de partido y sus actos previos de voluntad que dieron lugar al pacto de constitución del gobierno municipal, cambiando los apoyos políticos anteriormente dados con la moción de censura, estamos ante una situación de transfuguismo”. Pocas escapatorias.

El mandato imperativo

Al contrario de lo sostenido por la jueza de Primera Instancia de La Palma que validó provisionalmente la moción de censura en el Cabildo de aquella isla, el magistrado de lo Contencioso deshecha cualquier posibilidad de que la expulsión decretada en el caso de Tacoronte colisione con los derechos constitucionales de los concejales depurados por el PSOE. En concreto, recuerda que “la condición de afiliado a un partido político es voluntaria, pero sometida a la normativa interna de partido político, de manera que si concurre una causa prevista en la normativa interna que suponga la expulsión o la pérdida de la condición de afiliado, entra en la segunda situación del art. 197. 1 LOREG, de mayoría reforzada para la moción de censura”. Ni una sola alusión a consideraciones inconstitucionales de los estatutos socialistas. Ni siquiera se toma en serio el juez la invocación al principio de “prohibición de mandato imperativo”, previsto en el artículo 67.2 de la Constitución Española. Y eso porque tal protección está dirigida a los senadores y diputados nacionales (Cortes Generales) como depositarios de la soberanía nacional, y no a los concejales, que sólo detentan la representación de los vecinos. “Este precepto [de la prohibición de mandato imperativo] obedece a la tradición constitucional que arranca de la Revolución francesa, según la cual la Nación no obedece órdenes de nadie (Sieyès), lo que supone que sus representantes no están ligados a un mandato imperativo u obligatorio”. Pero no afecta a la disciplina de unos concejales dado que, como representantes de los vecinos, concurren a las elecciones en un sistema de partidos de listas cerradas. “Los partidos políticos no son parte de la relación de mandato, por lo que su disciplina interna es parte del juego al que se somete el candidato a representante para acceder a la relación de mandato, que es admitida por la Constitución, siempre que su funcionamiento sea democrático”, resalta el magistrado. “En el caso presente hay contradicción entre la decisión de promover y votar la moción de censura con el voto previamente dado por los concejales en cumplimiento de los acuerdos y pactos de su partido político, que dieron lugar a la constitución del gobierno local. La firma y apoyo de la moción de censura es una conducta de indisciplina y de contradicción con los apoyos dados por dichos concejales en su momento para nombrar al alcalde, que se pretende destituir con la moción de censura”.

Expulsiones ajustadas

No deja títere con cabeza tampoco el magistrado de lo Contencioso al echar por tierra las alegaciones de los cinco expulsados de Tacoronte cuando claman indefensión por la tramitación exprés de sus expedientes disciplinarios en el PSOE. Ni siquiera se toma en serio que hayan argüido que a Alpidio Armas no lo echaron con la misma sofoquina cuando, en 2011, pactó con el PP en el Cabildo de El Hierro (“El hecho de que el partido político haya podido reaccionar disciplinariamente con más prontitud, ante la experiencia previa de la moción de censura del Cabildo de El Hierro, permite entender que no es un caso de arbitrariedad, sino de eficacia disciplinaria y experiencia adquirida”); ni sus infantiles excusas de que no sabían que obraban mal cuando censuraron al alcalde de CC, Álvaro Dávila, contraviniendo órdenes expresas de las direcciones regionales y federales del partido. Ni admite toda la ristra de alegaciones sobre los defectos formales en las notificaciones, lo que también habrá de servir para resolver el conflicto similar vivido en La Palma, donde se detecta escasa diligencia de la Secretaría de Organización a la hora de comunicar en tiempo y forma las expulsiones a los irradiados. Lo sabían, y a sabiendas de su indisciplina, obraron anti estatutariamente.

Sin partido o el ejército de Pancho Villa

La sentencia ha caído como jarro de agua fría sobre los que, con indisimulada euforia, celebraran este mismo miércoles en distintos medios de comunicación la resolución de apoyo acordada por el Comité Insular del PSOE de Tenerife el pasado fin de semana. Se sentían respaldados por un partido (en su división tinerfeña) que mantiene firme su postura de purga disciplinaria aún a riesgo de que la fisura abierta pueda abrirse aún más y desembocar en una estampida (improbable) o en una pérdida de apoyo electoral (dependiente de muchas más connotaciones), pasando por alto que versos sueltos e indisciplinas constantes como estas son las que durante décadas han lastrado a la organización en esa isla y han provocado la desafección de ciudadanos que no entienden nada. Si, como dice el magistrado Riestra, la participación política en España se rige por un, aunque sea defectuoso, sistema de partidos políticos, habrá de estarse a las normas democráticas que esos partidos se dan a sí mismos, y no a la conformación de cédulas que terminan enfrentadas entre sí en espectáculos bochornosos. La desaforada lucha por el liderazgo en el seno del Partido Socialista en Tenerife, evidenciada en los últimos congresos, sus dolorosas expulsiones y sus puñaladas cada vez menos discretas, es la causante en gran medida de posturitas como la de Tacoronte, apoyada por una errática dirección insular que acostumbra a mezclar lo que considera su lucha a muerte contra Coalición Canaria (en muchos lugares elevada a razón de estado cuando parten de disputas personales) con el interés regional del partido y, se sobreentiende, de los ciudadanos a los que quiere o dice representar. Los críticos a la dirección regional gritan “¡nos quedamos sin partido!”, como si fuera preferible tener un ejército como el de Pancho Villa antes que una organización seria que se eleve por encima de las luchas intestinas para prestar un servicio a la sociedad. Aunque pierda diez elecciones más.

Báñez evangelizadora

Pues ya ven: estuvo por las colonias la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para acercarnos a los desamparados canaritos (y canaritas) la buena nueva del apóstol Mariano, que nos cuida y, en su inmensa bondad, nos proporciona techo y un plato de comida. “Para mí [esta visita] es una oportunidad para dar un mensaje de confianza y de alegría a los canarios porque las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy están dando ya buenos resultados en Canarias”, manifestó la señora Báñez durante su brevísima comparecencia ante los medios informativos que, literalmente, la persiguieron para escuchar los matices de su cloquío. Nos quedamos con las ganas de saber a qué buenos resultados se refiere, si al hecho de que hayamos abandonado en estos años la penosa condición de primeros en el ránking del paro para pasar a ser segundos o si en concreto quería decir que sin el apoyo del Gobierno de España, que ha reducido dramáticamente su aportación presupuestaria a la lucha por el desempleo, Canarias ha sido capaz de sobreponerse y no caer en el agujero más irrecuperable. Quedó de manifiesto con la contraprogramación que a la portadora de tan buenas noticias hizo la consejera del ramo, Paquita Luengo, que a la misma hora en que Báñez surcaba el Atlántico a bordo del Esperanza del Mar reunía a los agentes sociales en su despacho para hacerles caer en la cuenta de lo que se nos viene encima con los presupuestos en esta materia para 2014. Preguntada por el convenio para la lucha contra la economía sumergida y el empleo ilegal, doña Fátima anunció que se firmarán. No dijo cuándo, ni justificó por qué no aprovechó este viaje a las colonias para hacerlo. “Confianza y alegría”, dice. Hay que joderse.