Dicen los que tienen la desgracia de toparse con Guillermo Reyes por los pasillos del Ayuntamiento de Telde que hay momentos en los que no hay sitio para pasar, de puro inflado que está, cual palomo buchúo, ante la causa penal abierta contra él, contra la alcaldesa de la ciudad, contra el empresario Santana Cazorla y contra algunos concejales y ex concejales de la casa por el feo asunto de la compraventa de la finca de San Rafael. Tiene sus motivos Reyes, un político polifacético que siempre ha manejado a la perfección los tiempos (y las debilidades) de la justicia hasta conseguir que los burros vuelen de dos en dos en los juzgados del sureste. No se le nota en absoluto preocupado ante los cargos de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) que el juez de Instrucción 1 observa que han cometido los procesados de manera indiciaria por haber permutado la finca de San Rafael por unos inmuebles de titularidad municipal de mayor valor en Jinámar y Marpequeña. Presume, con el déjame entrar que él maneja a la perfección, que el fiscal responsable de la causa no presentará escrito de acusación, lo que desembocará en el decaimiento de la causa al no existir ninguna otra acusación personada. Ya se encargó él, en complicidad necesaria con la alcaldesa, Mari Carmen Castellano, de que el Ayuntamiento retirara la querella que durante el último mandato de Paco Santiago (2007-2011) interpuso la Corporación tras recibir en 2008 una arrolladora sentencia en la que el ponente, el magistrado Javier Varona, anulaba la operación y hablaba de oscuros y ocultos intereses que aconsejaban una investigación penal. El equipo de Paco Santiago, a la sazón socio del PSOE en aquel mandato, presentó la correspondiente querella que, como es habitual cuando de Reyes se trata, se repartió en dirección al juzgado predilecto del clan, el mixto 6 (hoy Instrucción 1) del que es titular la magistrada María de los Ángeles Zabala, denunciada en ese mismo mandato por el Ayuntamiento por aquella malamañada causa de las radios precintadas por una denuncia precisamente emanada del entorno del mismísimo virrey. Zabala, naturalmente, archivó la querella sin ni siquiera abrir diligencias, lo que le fue afeado por la Audiencia Provincial, que ordenó la práctica de pruebas al observar, como insinuaba la sentencia de lo Contencioso-Administrativo, que allí había tomate, y tomate del bueno.