El caso de La Bufona es paradigmático de Lanzarote: unos particulares estupendamente bien conectados con el poder político a través de personajes con escasos escrúpulos consiguen hacer lo que les da la gana en suelo rústico y protegido sin que las autoridades actúen en consecuencia. Esos mismos protegidos se llevan por delante los intereses generales y los de algún que otro particular, al que incluso consiguen condenar por calumnias, al tiempo que el proceso se dilata en los juzgados a la espera de que aparezca una milagrosa prescripción. En Instrucción 3 de Arrecife se instruye esta causa que tiene, entre otros implicados, a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y al todopoderoso abogado y secretario municipal Felipe Fernández Camero, patriarca de muchas oscuridades y secretos conejeros. Camero es pariente político del fiscal Miguel Pallarés, que logró una condena por calumnias al particular perjudicado por la urbanización La Bufona, donde le construyeron chalets sobre terrenos de su propiedad. Cuentan las crónicas que en el juicio correspondiente, el fiscal infractor y denunciante no recordaba a quién la había comprado la casa, ni los metros que tenía, ni el precio que había pagado por ella. Desde entonces, a Pallarés se le conoce en Lanzarote como Miguel Callaré, el fiscal mudo. Ahora tendrá que demoler parte de su chalet, y si no lo hace, vendrá el Gobierno y se lo derribará de oficio.