Ya estamos imaginando por donde va a salir Soria para escaquearse de publicar en Internet sus bienes y sus intereses, como ha hecho Saavedra: dirá que su declaración se deposita cada comienzo de legislatura en el registro correspondiente del Parlamento de Canarias. No nos vale porque eso es trampa. Una declaración ante ese registro es secreta y sólo puede ser consultada por una comisión parlamentaria ante situaciones graves, generalmente a requerimiento de la justicia. De lo que se trata es de que sea de público conocimiento, que los ciudadanos puedan saberlo a golpe de click y que, de paso, sea sometida esa declaración de bienes al escrutinio de los que conocen al personaje, de los que saben lo que tiene, de las cuentas de aquí y de allende los mares. Porque una vez este periódico pidió formalmente al Congreso de los Diputados la declaración de un famoso conseguidor canario y todavía la estamos esperando. Nos dijeron que lo sentían mucho pero que sin el consentimiento del interesado no nos la podían dar. Una pérdida de tiempo, como comprenderán. Y eso descontando que sus señorías digan la verdad al hacer recuento, que ya recordarán todos ustedes los famosos intereses de Manolo Fernandez en Anfi del Mar, tan secretos que tuvimos que ser nosotros los que los demostráramos documentalmente.