Una ley aprobada durante la etapa de Román Rodríguez en la presidencia del Gobierno de Canarias acabó en marzo de 2003 con las expectativas urbanísticas sobre el barranco de Veneguera, una pieza casi virgen sobre la que llegaron a haber hasta 120.000 camas turísticas programadas. Propiedad en su mayor parte de Banesto, Veneguera ha sido siempre objeto de las más enfrentadas diatribas ambientales, sólo superadas por la reciente polémica del Puerto de Granadilla. Fue y sigue siendo un símbolo, tanto de los movimientos ambientalistas, que vieron en ese barranco moganero el último reducto a proteger del desaforado crecimiento turístico que vivió Canarias en las décadas de los 70 a los 90, como para sus propietarios, que aseguraron pretender una actuación blanda con sólo el 10% de las camas a las que un día tuvieron derecho. Al valor simbólico de Veneguera se agarró esta semana Paulino Rivero, que ha puesto la última sentencia del Supremo como ejemplo de lo que el Gobierno de Canarias puede llegar a conseguir cuando se pone seriamente a defender las leyes aprobadas por el Parlamento de Canarias y aparca el interés de los particulares. Pero, con el permiso de todos ustedes, les vamos a hablar de Mauricio.