José Miguel Suárez Gil es altamente conocido en el mundo judicial. Condenado dos veces de manera firme por la Audiencia Provincial de Las Palmas por un litigio con una empresa a la que contrató para llevar diversos asuntos en Fedalime, se le viene ahora encima una nueva demanda de la susodicha empresa (Inprocen, SL). Lo novedoso del caso es que en esta ocasión, la cuestión a dirimir va directamente al bolsillo de nuestro hombre. 375.518 euros (62.480.952 pesetas) le piden por el perjuicio causado a Inprocen, cuando decidió que esa empresa ya no le servía y creó otra con su amigo Juan Socorro al frente (Abempatri, SL) quedándose con la cartera de clientes, los sistemas informáticos y hasta parte del personal de la sociedad que le resultaba molesta. En el Juzgado de Primera Instancia descansan desde el pasado mes veinte folios, con sus correspondientes anexos, muy sabrosos contra los modos del más sui generis de los presidentes que ha tenido nunca la Cámara de Comercio de Las Palmas.