Transición Ecológica remite al Consejo de Estado el expediente del Oliva Beach para que informe sobre su ilegalidad

Los trámites para la posible demolición del hotel Oliva Beach siguen su curso. El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido al Consejo de Estado el expediente sobre el complejo situado en las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura, para que emita un informe previo y preceptivo sobre su ilegalidad. El expediente, al que ha tenido acceso este periódico, propone declarar la caducidad de la concesión a la cadena Riu para la ocupación del dominio público y también ordenar la demolición de la construcción.

Los establecimientos levantados sobre este Parque Natural han desatado discrepancias entre el Gobierno de España y Canarias desde que se anunció el traspaso de las competencias en Costas. Mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica entiende que debe seguir gestionando los expedientes de caducidad de las concesiones a la empresa Riu, el Ejecutivo autonómico considera que le corresponde esa tarea. 

En el documento remitido al Consejo de Estado se recoge que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas, solicitó al Ejecutivo central que se abstuviera de la instrucción del expediente debido a la ''competencia autonómica exclusiva'' de la comunidad autónoma en la gestión del litoral.

El 3 de octubre, la Dirección General también solicitó a Transición Ecológica ''el traspaso completo y sin interpretaciones'' de las funciones y servicios de la Administración General del Estado a Canarias en materia de ordenación y gestión de costas. ''Las costas de Canarias son fundamentales para el desarrollo económico y social de las Islas, por lo que las decisiones sobre la protección, el uso y el disfrute del dominio público deben ser defendidas desde el propio Archipiélago'', sostuvo el director general, Antonio Acosta.

El Oliva Beach

El expediente propone la demolición del hotel por incumplir las condiciones de la concesión otorgada en 2003, modificada en 2007 y prorrogada en 2016. Según el documento, se ha llevado a cabo el aumento de superficie, volumen o altura construidos ''sobre los autorizados en el título concesional''.

Estas obras consisten en la construcción de una carretera, una acerca y un aparcamiento, la transformación de terrenos para zona ajardinada, instalación de contenedores metálicos de residuos, de un depósito de propano, de un depósito de agua sin tratar y una instalación eléctrica.

Asimismo, tal y como recoge el expediente, ''se ha instalado una pista de tenis y la realización de una actividad no contemplada como es el establecimiento de una tienda, lo que constituye un incumplimiento de las condiciones del título, que no contempla estos usos''.

El Hotel Tres Islas

En abril de 2023, el Gobierno de España también propuso declarar la caducidad de la concesión sobre dominio público otorgada a Riu para el Hotel Tres Islas. El Ministerio de Transición Ecológica planteó que la propia cadena se encargara del levantamiento y retirada de las instalaciones existentes en el dominio público.

El 12 de abril de 2007 se otorgó la concesión a Riu de los terrenos sobre los que se levanta en la actualidad el Hotel Tres Islas. También se autorizó a la cadena a realizar obras de rehabilitación y mantenimiento, siempre y cuando no implicaran un aumento de volumen de la construcción existente. El incumplimiento de esta condición daría lugar a la caducidad de la concesión.

En mayo de 2008, se notificó a la mercantil la incoación de un expediente sancionador por hacer obras que supusieron un aumento de volumen. Esta infracción “grave” fue sancionada con 10.885,50 euros y la exigencia de recuperar el estado anterior de la edificación. Doce años después, en 2020, se notificó a Riu que “las obras declaradas ilegales” no eran legalizables y se le volvió a exigir que el hotel volviera a su estado anterior en un plazo máximo de dos meses. Según un documento del Gobierno central al que tuvo acceso Canarias Ahora, el total de las actuaciones ilegales asciende a 2.996,92 metros cuadrados.

Dos meses después se practicó una inspección, en la que los técnicos comprobaron que no se había ejecutado la demolición. Según el Ministerio, el solarium del hotel estaba en uso comercial no autorizado y supuso un aumento de la edificabilidad de la parcela, una modificación estética de la fachada en la cara del mar y una explotación comercial del espacio no autorizada. También señaló que la planta depuradora de aguas residuales por el sistema de aireación está “en muy mal estado de conservación” y que el agua residual en bruto se vierte directamente al mar por un emisario submarino. 

En agosto de 2021, Riu emitió un escrito al Gobierno central en el que alegaba indefensión y consideraba a la administración “incompetente” para tramitar y resolver el expediente. “El aumento de superficie y el volumen de las actuaciones no autorizadas son incumplimientos del título concesional lo suficientemente graves como para justificar la procedencia de la caducidad”, concluía el texto del Ministerio.