El Gobierno de Canarias autoriza construir un nuevo hotel de lujo de casi 1.000 plazas en Fuerteventura

El Consejo de Gobierno de Canarias ha concedido la autorización previa para construir un nuevo hotel de cuatro estrellas con 956 plazas de alojamiento en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura.

Así lo ha comunicado Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo regional, tras el Consejo de Gobierno celebrado este lunes. Cabello ha explicado que se trata de un trámite preceptivo previo a la autorización definitiva por parte del Cabildo de Fuerteventura. El proyecto, según el Gobierno canario, “cumple con los estándares de calidad y eficiencia energética”.

Según ha explicado el Gobierno canario en un comunicado, la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias establece que solo serán otorgadas autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, como requisito necesario para las licencias urbanísticas que tengan por objeto la nueva implantación de establecimientos alojativos.

Estos establecimientos hoteleros y también extrahoteleros, en este último supuesto “cuando el planeamiento territorial no los prohíba expresamente, deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y de servicio que garanticen el mínimo impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos. Además, deberá reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia”, señaló el Ejecutivo autonómico.

Según la documentación presentada, el establecimiento se proyecta sobre una parcela con una superficie de 66.352 metros cuadrados, con una capacidad de 478 unidades y con 956 plazas.

Construcción de un nuevo hotel en Fuerteventura en medio del conflicto del Oliva Beach

El pasado 30 de abril, el Gobierno de España contestó al Gobierno autonómico que las concesiones “compensatorias” sobre domino público marítimo-terrestre, como la ostentada por la mercantil Geafond Número Uno Lanzarote para gestionar el hotel RIU Oliva Beach, son competencia estatal y no autonómica, rechazando la argumentación esgrimida por la Administración liderada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC).

En un escrito publicado por el Gobierno central y tras la celebración del Consejo de Ministros, La Moncloa contestó al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno regional en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del pasado 27 de febrero que declara la caducidad de la concesión de uno de los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo y ordena su demolición.

Clavijo y el resto de su equipo entienden que las Islas cuentan con la competencia “exclusiva” en materia de ordenación del litoral, como así indica el Estatuto de Autonomía, y que eso incluye la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, comprendiendo todas las concesiones sobre dicho espacio sin ninguna distinción.

En este sentido, sobre las costas españolas existen dos tipos de concesiones: las previstas en el artículo 64 de la Ley de Costas, estas son, “toda ocupación (…) con obras o instalaciones no desmontables”; y las descritas en la disposición transitoria primera de la misma norma. Las primeras son las “ordinarias o comunes” en la materia. Las segundas, en cambio, tienen un “carácter excepcional”, llamándose “compensatorias”, pues buscan precisamente compensar al hasta entonces dueño de los terrenos por realizarse un tránsito de titularidad privada a pública (similar a lo que Costas pide ahora para la promotora del hotel en La Tejita, en Tenerife).

Por su parte, el Gobierno canario anunció que irá al Tribunal Contencioso por ello. En su requerimiento al Ejecutivo nacional, “niega la diferenciación” entre concesiones y defiende que, si el Estado realmente es competente de las segundas, de las “compensatorias”, tendría que haberlo hecho explícito en el real decreto que traspasó servicios y funciones de la Administración General del Estado al Archipiélago en materia de costas en 2023.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), también fue tajante asegurando que se sentarían “todas las veces que haga falta”, y que seguirán “defendiendo el Estatuto y el derecho de Canarias a gestionar su litoral”.

Nuevo permiso tras las protestas masivas para cambiar el modelo de desarrollo de las Islas

Este nuevo permiso se produce solo tres semanas después de las protestas masivas del 20A en Canarias, contra el modelo de desarrollo actual, la masificación de las islas y la falta de protección hacia la población y los paisajes naturales isleños. Incluso, Fernando Clavijo declaró, tras las “multitudinarias” manifestaciones, que las protestas mostraron “todas las debilidades de nuestro sistema como archipiélago y nuestro sistema económico”, de manera que “las cosas tienen que cambiar” porque “no podemos seguir igual” y hay que revisar y “resetear” el modelo.

Los 18 colectivos que convocaron la manifestación del 20 de abril exigieron al Gobierno regional que adopte varias medidas, entre ellas una moratoria hotelera y vacacional “total”. En un comunicado, comentaron que el Gobierno de Canarias, si de verdad tuviera intención de cambiar el modelo turístico, debería paralizar “inmediatamente” las obras de los complejos turísticos de Cuna del Alma y La Tejita, en Tenerife. Con respecto a esto último, Clavijo pasó a los respectivos ayuntamientos (Adeje y Granadilla) la potestad para decidir que hacer con ellos. El presidente de Canarias dijo que el objetivo es “poder buscar soluciones y que sean ellos [los ayuntamientos] los que digan lo que quieren hacer” pues fueron los que planificaron la obra y clasificaron el suelo y “digan lo que quieren hacer”. “Nosotros como gobierno lo que vamos a acompañar y ayudar en lo que se quiera hacer”, destacó.