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Opinión - Luchando por asuntos vitales. Por Rosa María Artal

Una mujer, que fue arrestada en Tenerife por tráfico de drogas, recibe 31.000 euros de indemnización por pasar tres años en la cárcel y ser inocente

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

EFE

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La Audiencia Nacional ha aceptado el recurso presentado por una mujer que permaneció casi tres años en prisión provisional acusada de tráfico de drogas y al final quedó absuelta, de manera que obliga al Ministerio de Justicia a pagarle 31.000 euros en concepto de indemnización.

La acusada estuvo privada de libertad un total de 1.049 días, lo que supone casi 35 meses, por lo que una vez que quedó demostrada su inocencia se dirigió al Gobierno exigiendo el pago de una responsabilidad patrimonial por valor de 60.000 euros.

El Abogado del Estado reconoció que tenía derecho a cobrar 30.000 euros por los perjuicios derivados de una estancia tan larga en prisión y teniendo en cuenta los daños morales causados.

Sin embargo, la mujer quedó disconforme con esta resolución y recurrió ante la Audiencia Nacional pidiendo en esta ocasión que la indemnización llegara a los 117.000 euros.

La reclamante fue detenida el 21 de noviembre de 2017, resultó excarcelada el 5 de octubre de 2020 y 19 días después quedó absuelta por la Audiencia Provincial por medio de una sentencia que tuvo que ser corregida dado que se cometió un error en su apellido.

La mujer basó su reclamación en los días que permaneció privada de libertad, atendiendo a su salud, tener 54 años en aquel momento, daños morales y dilaciones indebidas, lo que dio lugar a que se viera agravada su salud mental y física.

Señala que se vio afectada a causa de los ruidos de la lavandería donde trabajaba, agravándose su sordera, padeció depresión con un riesgo de suicidio y por ello entró en el programa para evitar que se quitara la vida.

Otras reclamaciones se centraban en no haber podido visitar a su familia que reside en Venezuela, el estigma causado y la carga que supone a la hora de encontrar trabajo por lo que denomina su “oscuro pasado” que se ve obligada a esconder “celosamente” y por ello cuida mayores con un salario “precario”.

La pérdida de bienes las calcula en 6.000 euros, 57.000 son por prisión indebida, 39.200 por secuelas, 15.000 por daño moral y 6.000 por dilaciones indebidas, hasta sumar los mencionados 117.000 euros.

La mujer fue encausada junto con otras personas por tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud y la mayor parte de ellos resultaron condenados por traficar con cocaína, excepto ella y otra persona más al no poder demostrarse su participación en los hechos.

En su momento fue detenida porque viajaba con uno de los encausados desde Venezuela que sí resultó condenado pero nunca se comprobó que ella estuviera al tanto del verdadero motivo del viaje ni que actuara mediante concierto con alguno de los procesados.

Aquel 21 de noviembre fue arrestada en un hotel de Puerto de La Cruz tras llegar a la isla por el aeropuerto de Tenerife Norte procedentes de la ciudad marroquí de Casablanca con tres maletas que contenían 14 planchas y 42 paquetes con casi dos kilos de cocaína con una pureza de hasta el 81% ocultas en la parte interna de unas maletas por valor de 64.000 euros.

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