Aprobada la nueva Ley de Comercio
El Parlamento de Canarias aprobó este jueves la Ley Reguladora de la Licencia Comercial, que adapta la normativa europea comercial (especialmente la llamada Directiva Bolkestein) en materia de liberalización de servicios. Así, con los 30 votos a favor de CC y PP y 26 diputados del PSC-PSOE en contra, la nueva ley comercial sólo obligará a cumplir con criterios de conservación del territorio para implantar una nueva instalación comercial en las Islas.
El debate, caracterizado por el procedimiento abreviado por el que se ha tramitado la ley, sólo se centró en la quincena de enmiendas que el PSC-PSOE mantenía vivas tras el paso por la comisión y el par de enmiendas transaccionales que CC y PP lanzaron in voce para alcanzar un acuerdo de última hora con los socialistas en materias como la implantación transitoria de la ley y el número de metros cuadrados a partir del cual se establecería la obligación de conseguir la licencia comercial específica.
Todas las enmiendas que se habían presentado desde el PSC fueron rechazadas, mientras que se aprobaron las dos enmiendas in voce de PP y CC, relativas al incremento de número de metros cuadrados a partir del cual se establecería la obligación de conseguir la licencia comercial específica y sobre la implantación transitoria de la ley para quienes hubieran presentado licencia con anterioridad a la aprobación de ésta. Con la aprobación de la ley se consigue cumplir con la obligación impuesta por la directiva europea de servicios de que sea adaptada antes del 28 de diciembre.
Tan solo el PSC defendió sus enmiendas, al no lograr ninguna clase de apoyo por parte de CC y PP. El portavoz socialista Santiago Pérez planteó que sus enmiendas buscaban hacer compatible la implantación de nuevas superficies comerciales y la conservación de un sistema comercial tradicional, algo que “se busca desde el año 84”.
En esa línea, el principal bloque de enmiendas del PSC se centraba en que, si la ley perseguía mantener un régimen de autorización ligado a especificidades territoriales, “éste debe hacerse desde el aspecto territorial y deben ser las autoridades en materia de ordenación del territorio quienes otorguen las licencias comerciales”. Por ello, los socialistas pedían para los cabildos las competencias en materia de autorización comercial.
Desde el PP, el diputado Miguel Jorge, defendió la nueva ley como medio para adaptar a la realidad canaria la Directiva Bolkestein, “que ha venido a revolucionar el panorama legislativo en los países de la unión”. Así, presentó las dos enmiendas que consensuaron populares y nacionalistas con las que se modificaban la aplicación transitoria de la ley y las superficies mínimas para solicitar autorización comercial.
Belén Allende criticó la iniciativa del PSC-PSOE, puesto que la filosofía de sus enmiendas “no deja de ser interesante, pero en el plano jerárquico de aplicación resulta difícil que los cabildos tengan esta capacidad”. Además, recordó que la ley propone una única limitación, “que no prohibición, en cuestiones de ordenación del territorio”.
