Coalición Canaria pide una financiación autonómica “más justa” mientras rebaja impuestos en las Islas
“Para empezar a hablar (de cara a una investidura) tenemos que tener garantías absolutas de que se va a revisar la financiación autonómica en un plazo definido de tiempo”. Así se manifestó la diputada electa en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido (Coalición Canaria), en una reciente entrevista con este periódico. Este jueves, el secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, también insistía en que “plantarán cara” para que el nuevo modelo de financiación autonómica contemple criterios como el de la insularidad y la ultraperificidad. No obstante, aunque es una reivindicación necesaria (ya que el modelo no se revisa desde 2009) y un debate que se ha abierto en todas las comunidades autónomas, los nacionalistas canarios apuestan paralelamente por la bajada de impuestos (y su consecuente merma para las arcas públicas) como una de las principales medidas del Gobierno que ha iniciado junto al PP y fue su principal carta en la campaña electoral.
La financiación autonómica, o cómo se reparten los ingresos del Estado, ha vuelto a ser el centro de debate en estos días. Canarias entra dentro del régimen común de financiación, pero a su vez posee un Régimen Económico y Fiscal especial (el famoso REF) por razones históricas y geográficas. Este se regula teniendo en cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas. Pese a ello, según los datos de 2021, es una de las comunidades peor financiadas por habitante.
No obstante, si a estos datos se les suman las inversiones realizadas por el Estado en Canarias, sí se puede deducir que esta comunidad autónoma nunca había tenido tanto peso en la inversión estatal como en la era Sánchez.
En 2009, el Estado invirtió 183,6 millones de euros en Canarias, un 1,68% del total; en 2014, en plena crisis financiera y con el PP a los mandos, solo destinó 37,4 millones, el 0,87% del total destinado a todas las autonomías; pero en 2021, la inversión es de 221,1 millones y el peso del Archipiélago en toda España ha ascendido al 2,69%, el valor más alto desde que hay datos.
En octubre de 2022, siendo presidente Ángel Víctor Torres (PSOE), destacaba que Canarias era “la quinta autonomía de España, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que más inversión estatal recibe por habitante”. Un dato que resultaba de la suma de los capítulos VI (inversión real) y VII (transferencias de capital) así como el Fondo de Compensación Interterritorial.
Reclamar un trato justo al Estado, pero bajar impuestos
El pasado 17 de julio, el Gobierno de Canarias anunciaba que bajaría los impuestos a las grandes herencias. Se trata de un impuesto que recuperó el Ejecutivo de Torres y que desde 2021 y hasta este año solo ha bonificado al 99,9% de la tasa a las donaciones y sucesiones que no superaran los 300.000 euros. La repercusión de destinar recursos públicos para que las grandes herencias no paguen el impuesto supone, en un año, unos 40 millones de euros menos, según fuentes del Gobierno del PSOE.
Otro de los objetivos defendidos por el nuevo Gobierno ha sido rebajar el tipo general del IGIC del 7 al 5%. Sin embargo, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), dijo recientemente que la vuelta de la regla de gasto de la UE “puede que trastoque los planes” del Ejecutivo regional.
En el último Consejo de Gobierno admitía que las promesas de bajar impuestos se habían producido en un momento de “incertidumbre” fiscal. Por ello, el Ejecutivo reconoció que aún desconoce cómo afectará la nueva disciplina fiscal europea a la elaboración de los presupuestos autonómico.
El debate del nuevo modelo de financiación no deja de ser una causa justa que se contrapone al empeño del Gobierno regional de bajar impuestos y de haber insistido en esta idea durante la campaña electoral como objetivo para aliviar los bolsillos de las familias canarias.
El modelo de financiación es una cuestión que preocupa a todas las comunidades y que se ha convertido en un tema clave de cara a la futura investidura, siendo el modelo de reparto el principal escollo. Comunidades como Catalunya van a tener especial peso en dicho debate.
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