Comisión de la Energía autoriza a Enel a adquirir hasta el 24,9% de Endesa
En la resolución, que es muy similar a la dictada en noviembre pasado para permitir a Acciona superar el 10% en Endesa, el organismo se reserva la potestad para revisar la autorización si la eléctrica italiana logra un control “conjunto” o “exclusivo” de la compañía que preside Manuel Pizarro.
Según informó este jueves la CNE, la eléctrica que preside Piero Gnudi deberá informar al regulador energético “de manera detallada” sobre la estrategia del grupo Enel en Endesa si afecta “al interés general o a la seguridad pública españoles”. La CNE explicita que estos intereses son los relativos a los activos estratégicos, las actividades reguladas y las sujetas a intervención administrativa.
De esta forma, el regulador energético deberá contar con el orden del día de las Juntas de Accionistas y del Consejo de Administración de Endesa y ser informado de los acuerdos adoptados, el sentido y la motivación del voto de sus representantes en los aspectos que influyan en el interés general. A partir de esta información, el organismo que preside Maite Costa podrá ordenar motivadamente la revocación de cualquier acuerdo, si estima que puede tener “un impacto negativo” en los mencionados intereses generales.
Las condiciones que afectan a los acuerdos de la Junta y el Consejo impuestas este jueves por la CNE podrán ser revisadas si Enel las incumple de forma reiterada o no fuera posible garantizar su cumplimiento. No obstante, el regulador señala que estos requisitos quedarán suprimidos cuando se eliminen las restricciones que existen actualmente para comprar Enel y los poderes que tiene el Gobierno italiano en la gestión de la eléctrica.
Por otro lado, la resolución estipula también que Enel debe informar trimestralmente sobre la evolución de su participación en Endesa y la influencia que le confiere. Si gracias a esta influencia Enel consigue representación en los órganos de administración de la eléctrica que preside Manuel Pizarro también deberá informar a la CNE, así como de cualquier circunstancia relevante sobre este asunto.
La CNE revisará las condiciones de su autorización si la eléctrica italiana alcanza la capacidad de ejercer “control conjunto o exclusivo sobre Endesa”. Enel y Acciona presentaron el 11 de abril pasado una opa por el cien por cien de Endesa, operación que necesita la autorización de la CNE.
De momento las compañías no han notificado la adquisición al regulador energético. Asimismo, según la resolución de la CNE, la eléctrica italiana deberá promover políticas que permitan a Endesa continuar como matriz de su grupo y destinar prioritariamente los recursos económicos generados a financiar y ejecutar los planes de inversión comprometidos en actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad).
Entre estas inversiones se encuentran las anunciadas por Endesa para el periodo 2006-2011 y las de la Planificación energética 2002-2012 aprobada por el Gobierno. Enel había pedido autorización al regulador energético para superar el 10% de Endesa el 1 de marzo pasado.
La resolución del regulador energético podrá ser recurrida en alzada ante el Ministerio de Industria en el plazo de un mes. El pasado 28 de febrero, Enel anunció que había adquirido un 9,9% de Endesa y manifestó su intención de elevar este porcentaje hasta el límite legal que no le obligara a lanzar una opa (24,9%).
En las semanas siguientes la eléctrica italiana se hizo con otro 14,98% a través de contratos de derivados financieros firmados con los bancos UBS y Mediobanca.
PP denuncia a Sebastián, Taguas y Arenillas ante la Fiscalía Anticorrupción
Por otro lado, el PP presentó este jueves un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que se investigue y, en su caso, se exijan responsabilidades penales a los responsables de la Oficina Económica del Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por su actuación en las opas sobre Endesa.
Según explicó el secretario de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, la actuación del ex director de la Oficina Económica del Gobierno, Miguel Sebastián, y su sucesor, David Taguas, y del vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, pueden ser constitutivas de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Asimismo, a la vista de lo publicado en la prensa y de lo dicho por el ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Sebastián, Taguas y Arenillas supuestamente también habrían cometido los delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función, afirmó Arias.
El PP no descarta tomar otras iniciativas judiciales en el futuro, en función del resultado de la investigación que haga el fiscal anticorrupción. Durante su intervención ante la prensa, el secretario ejecutivo del PP, Miguel Arias Cañete, consideró que, tras las declaraciones de Conthe en el Congreso, ha quedado “acreditado” que ha habido “presiones” desde la Oficina Económica al supervisor bursátil y señaló que el ex presidente de la CNMV “ahora podrá detallar ante la justicia esas presiones”.
“Si se confirma que la Oficina Económica presionó a la CNMV para allanar una opa (en referencia a la de Enel) frente a otra (la de E.ON) estaríamos ante una situación de enorme gravedad”, dijo. Arias Cañete también consideró acreditado que Arenillas “recibió dádivas de terceros”, en alusión a la invitación a una cena que costó 1.400 euros, y recordó que tres meses después el directivo empresarial que pagó la cena contrató a su hermano, Jaime Arenillas.
Por estos hechos, el secretario ejecutivo del PP pidió a Arenillas que dimita o que el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, intervenga y le exija la dimisión. En su opinión, la responsabilidad de todo lo sucedido es de Solbes, “que lleva tres años consintiendo la guerra de guerrillas iniciada por Sebastián y Taguas” en torno a Endesa.
El dirigente popular mostró su “asombro” por el “maremagnum de caos y confusión” que ha vivido la CNMV y que ha causado el “descrédito y desprestigio internacional” del organismo y de España. Arias Cañete hizo un llamamiento al PSOE para que abra “un proceso de diálogo y consenso” para nombrar al nuevo presidente del supervisor bursátil y a los miembros de su Consejo “con una amplísima mayoría parlamentaria”.
Según avanzó Arias, el PP acudirá a ese hipotético diálogo “con espíritu constructivo” y con la intención de dar al supervisor “un cambio de rumbo hacia la independencia y la protección de los inversores”.
