Las bases del concurso eólico no exigen ningún requisito sobre el suelo
El consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, confía en la “buena fe” de los adjudicatarios del concurso de energía eólica sobre su capacidad para conseguir los permisos necesarios para instalar los parques eólicos que se les han concedido en suelo rústico protegido.
Esta fue la explicación de Rodríguez a la diputada socialista Rita Díaz, quien expresó en comisión parlamentaria su preocupación por que los cuatro parques eólicos adjudicados en Fuerteventura están previstos en suelo rústico protegido, que, según el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), solamente tiene aprovechamiento agropecuario compatible con la conservación.
Rita Díaz señaló que si finalmente los adjudicatarios no obtienen los permisos urbanísticos para ubicar los aerogeneradores, la Consejería tendrá con ellos una responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, y subrayó que en Fuerteventura ya tienen bastante con los casos Tindaya y Tebeto.
El origen de este problema es que las bases de adjudicación del concurso eólico convocado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio no incluyen ningún requisito a los aspirantes para que acrediten el uso del suelo donde piensan instalar los parques energéticos.
El consejero indicó que su departamento sólo tiene en cuenta criterios técnicos en el concurso y no puede entrar a valorar si es factible o no ubicar un parque eólico en determinado suelo, ya que eso compete “a otras administraciones”.
Por tanto no hay ningún requisito sobre el suelo en las bases y la Consejería “presupone la buena fe” del promotor y que éste solicita el parque eólico “en donde lo puede instalar”.
No obstante, dijo que cualquier instalación eólica deberá contar con declaración de impacto ambiental, así que “no se van a permitir deterioros ni desmanes”.
“Supongo que el promotor que inicia este proyecto ha estudiado todos esos aspectos, pero nosotros no entramos en la valoración urbanística”, afirmó el consejero.
Además, aseguró que “hay herramientas” que permite la legislación para que los adjudicatarios obtengan las licencias urbanísticas precisas.
El ejemplo de Fuerteventura
La diputada socialista señaló que estos parques eólicos han sido adjudicados en terrenos en los que el PIOT no permite usos ni industriales ni energéticos.
“Resulta que es el promotor el que tiene que promover la licencia” para instalar su parque eólico, lo que demuestra la desconexión total de la Consejería de Industria con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y con el Cabildo de Fuerteventura.
Sin tener en cuenta el PIOT de la isla, sin consultar a nadie, la Consejería “predetermina” los lugares de Fuerteventura donde se pueden desarrollar actividades de generación energética, sin considerar “sus características territoriales ni el enorme impacto paisajístico”, dijo.
Rita Díaz advirtió de que al adjudicar los parques eólicos se crean unos derechos a los promotores, de manera que si finalmente no se les dan las licencias urbanísticas habrá que anular el concurso e indemnizarlos por daños y perjuicios, además del retraso en la puesta en marcha de la energía eólica en la isla, que ya “es enorme” en toda Canarias.
“Lo lógico es tener primero concluido el plan energético y después asignar la potencia”, dijo la diputada socialista.
Además, denunció que tres de los cuatro parques eólicos asignados en la isla están situados fuera de las zonas de máximo aprovechamiento del viento, y puso en duda la transparencia del concurso, dadas todas estas circunstancias.
El consejero explicó que en Fuerteventura se han asignado los 30 megavatios correspondientes a cuatro proyectos (dos en Puerto del Rosario, uno en Antigua y uno en Tuineje), del total de 98 presentados, un concurso que ha generado 18 recursos que están en trámite de resolución por la comisión de evaluación.
Los adjudicatarios tienen un plazo de un año para presentar los proyectos y de hasta dos años más para poner en marcha los parques eólicos.
Insistió en que es responsabilidad del promotor obtener las licencias urbanísticas y los permisos medioambientales para instalar los parques.
Jorge Rodríguez dijo que la convocatoria del concurso eólico no podía esperar a que las islas tuvieran sus planes territoriales energéticos, porque ninguna cuenta aún con ellos y supondría un retraso adicional de tres años.
