El Gobierno improvisa una regulación provisional

¿Manipulación? ¿Sistema perverso? La Comisión de la Competencia (CNMC) suspendió la subasta del 19 de diciembre, pero aún no se ha establecido ninguna conclusión de qué es lo que pasó para que la luz alcanzara unos precios tales como para que el recibo de enero tuviera que subir un 11%.

Para saber qué ha pasado, por qué la luz se disparó en los mercados desde que el PP introdujo con nocturnidad una enmienda el 29 de noviembre que sancionaba un déficit de tarifa de 3.600 millones y retiraba los fondos para financiarlo, los diputados de la Izquierda Plural Laia Ortiz y Joan Coscubiela (ICV) han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que reclaman una investigación por un supuesto delito de “maquinación para alterar el precio de las cosas”, previsto en el artículo 284 del Código Penal: apuntan directamente a las eléctricas.

El Congreso aprobaba el mismo día de la subasta, el 19 de diciembre, una reforma de la ley del sector eléctrico que entra en vigor la próxima semana, el 1 de enero. ¿Acaso en esa reforma se pone en cuestión y revisión el sistema de subasta anulado el 20 de diciembre a instancias del propio Ejecutivo? No. ¿Acaso en esa reforma se establece un nuevo método para calcular las subidas de la luz? Tampoco. Pero, eso sí, el Gobierno, deprisa y corriendo, ha pedido a la CNMC que proponga un sistema alternativo para el precio de la luz para los clientes domésticos -los que tienen la tarifa llamada TUR- a partir de enero que, incluso, podría prolongarse todo 2014.

La horquilla que propone la CNMC en su informe, entre el 1,4% y el 2,9% de subida en la tarifa de la luz, ha sentado bien a un Ejecutivo cuyo modelo energético y reforma eléctrica no está trayendo más que disgustos sin haber entrado aún en vigor. Una vez sumada la parte regulada (que el Ejecutivo adelantó que no superará el 2%), la factura final subirá para el consumidor entre un 2% y un 4%. Muy lejos del 11% surgido de la última subasta, el 2% es un horizonte mucho más satisfactorio.

La propuesta de la CNMC, aunque de carácter fugaz, marca de nuevo las distancias con la reforma que en origen pilotó el ministerio de Industria. El organismo, conocido como súper regulador, se ha repartido entre cargos de confianza de Luis de Guindos y de la Oficina Económica de Moncloa, con ningún ascendente en el ministerio que dirige José Manuel Soria. La mano derecha de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica, María Fernández Pérez, que conoce y aplica los deseos de Moncloa sobre el mercado energético. No en vano Nadal, hermano gemelo de Alberto Nadal secretario de Estado de Energía, se tomó la reforma de la energía como un asunto casi personal que ha seguido muy de cerca.

Jorge Morales, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ha explicado este jueves su versión del informe de la CNMC: “Me quedo atónito y aventuro que habrá demandas millonarias. La CNMC reconoce la necesidad de suavizar las cotizaciones del mercado de futuros de diciembre derivadas del incremento del contado”, ha escrito en su Twitter. Es decir, que lo que ha pasado desde que el Gobierno coló la enmienda del 29 de noviembre en el Senado es sospechoso; pero, aun así, no establece sanciones. Y, abundando en ese funcionamiento oscuro de las subastas, que el Gobierno no aborda en su ley, “la CNMC reconoce que no tiene información del 89% de las transacciones sobre futuros eléctricos y que solo utiliza el 11% restante”. A pesar de ello, la CNMC “utiliza una media aritmética” de las cotizaciones para proponer el precio de la luz para 2014. Una media ?de los últimos tres o seis meses? en la que incluye el mes de diciembre a pesar de estar en cuarentena.

Morales, además, destaca que en su informe la CNMC “recomienda que si las eléctricas pierden dinero, se las compense a través de los peajes, es decir, déficit de tarifa. En resumen: la autoridad de Competencia propone al Gobierno cocinar los números para que la luz, supuestamente liberalizada, suba 'lo justo”.

Por su parte, las grandes eléctricas han asegurado que la propuesta es “un parche” y que abre la puerta a mayor intervencionismo por parte del Estado.

Las comercializadoras de electricidad también están bajo el punto de mira con esta propuesta. Las de último recurso, las que ofrecen la tarifa TUR, son filiales de las cinco grandes eléctricas, por lo que tendrán cubiertas sus posibles pérdidas a costa de un mecanismo provocaría más subidas en el futuro. Sin embargo, las comercializadoras que operan en el mercado libre quedan desprotegidas, al no contar con un mecanismo de cobertura que garantice en la misma medida sus ingresos.

Improvisación

Así las cosas, el último Consejo de Ministros del año en el que el protagonismo suele ser para el presidente del Gobierno y su análisis del año que acaba, estará eclipsado por la luz y su precio para 2014; por el nuevo mecanismo, provisional y transitorio, que aprobará el Gobierno.

Pero la regulación transitoria que está a punto de aprobar el Ejecutivo, no es la primera improvisación del Gobierno en este amago de reforma del mercado eléctrico. Es más, fuentes del sector defienden que este nuevo giro tiene mucho que ver con la sorpresa que ya se llevó el sector el 29 de noviembre: aquel día, los españoles se enteraron a través de una enmienda del PP en el Senado de que existía déficit de tarifa, cosa que no había reconocido el Gobierno hasta entonces, y que ese déficit era de 3.600 millones, cifra nunca concretada por el Ejecutivo.

Ese día, también, se supo que el Ministerio de Industria no tenía competencias sobre sus propias leyes, porque el Ministerio de Hacienda había impuesto la anulación de un decreto aprobado en octubre con un crédito de 2.200 millones destinado al déficit de tarifa, así como de las ayudas a la generación energética en las islas, Ceuta y Melilla, y de la recaudación de 500 millones por otras tasas.

Es más, aquellos primeros días de diciembre se supo que Cristóbal Montoro, y no José Manuel Soria, pactó con las principales eléctricas, las que supuestamente han manipulado la subasta de la luz anulada, que su déficit de 3.600 millones de 2013 será devuelto en 15 años y tendrá el aval del Estado. Aún no se sabe qué tipo de aval, pero lo tendrá.