El IRPF y el IVA, los impuestos que sumaron más quejas al Defensor del Pueblo
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El IRPF y el IVA y, en menor medida, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), son los tributos que más quejas concentraron en 2010, según el último informe anual del Defensor del Pueblo.
En el caso concreto del IRPF, impuesto del que el Defensor del Pueblo critica que no refleja de forma adecuada la situación social actual, las principales reclamaciones que realizan los ciudadanos están referidas a la aplicación de algunas deducciones, mínimos personales y familiares o errores atribuidos a la Agencia Tributaria en la elaboración de las declaraciones de la renta.
Así, los ciudadanos se quejan de que el mínimo por ascendientes o descendientes con discapacidad sólo es de aplicación por cada persona mayor de 65 años o con discapacidad que conviva con el contribuyente y que no tenga rentas anuales superiores a los 8.000 euros, pero este importe no se ha actualizado mientras que las pensiones que reciben estos dependientes se incrementan anualmente, lo que impide a numerosos ciudadanos la posibilidad de desgravar, pese a no haber cambiado sus circunstancias.
También reclaman que puedan incluirse en la declaración de la renta a los hijos mayores de 25 años que no son económicamente independientes y que conviven aún con los padres, a pesar de haber superado la edad que da derecho a la deducción.
El Defensor del Pueblo también ha recibido reclamaciones relativas a la obligación de presentar la declaración del IRPF cuando el umbral de ingresos supere los 11.200 euros en los casos en que las rentas provengan de más de un pagador, en lugar de a partir del umbral establecido con carácter general de 22.000 euros.
ERRORES COMETIDOS POR HACIENDA
Otros contribuyentes trasladan al Defensor del Pueblo que se les han abierto expedientes sancionadores por errores cometidos por el personal de la Agencia Tributaria al confeccionar la declaración de la renta, mientras que otros declarantes se quejan de la falta de coordinación y colaboración administrativa entre diferentes organismos tributarios.
La “rigidez” por parte de la Agencia Tributaria a la hora de interpretar los requisitos establecidos en la norma sobre las deducciones y exenciones relacionadas con la vivienda siguen siendo objeto de “cuantiosas” quejas, según el Defensor del Pueblo, que también indica que no son infrecuentes las reclamaciones acerca de que al momento de percibir una subvención no se especifique que debe declararse en el IRPF, como sucedió con las ayudas del Plan 2000E para la renovación de vehículos.
En el IVA, las principales quejas están relacionadas, por un lado, con la falta de agilidad de la administración tributaria para ingresar las devoluciones, especialmente en un momento como el actual en que empresarios y profesionales tienen problemas de financiación, y por otro lado, las quejas se refieren al momento de aplicación del incremento de dos puntos del impuesto que entró en vigor el pasado 1 de julio (del 16% al 18%).
Ello ha provocado que muchos ciudadanos hayan manifestado su desacuerdo por la aplicación de este aumento a suministros consumidos durante la vigencia del tipo anterior, pero pagados con los nuevos tipos incrementados.
VALORES DE VIVIENDAS POR ENCIMA DE LOS DE MERCADO
En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, recaudado por las comunidades, las reclamaciones al Defensor del Pueblo se concentran en la disconformidad con los métodos de valoración de las viviendas que toman como referencia las administraciones para aplicar el impuesto. Según los ciudadanos, los valores de mercado de las viviendas con los que cuentan las administraciones deben ser corregidos debido a la caída de los precios en el mercado inmobiliario.
Según el Defensor del Pueblo, dichos valores se refieren a momentos en que el mercado inmobiliario seguía en tendencia alcista, por lo que aplicarlos en el actual escenario resulta “inapropiado”, al tiempo que ha ocasionado la venta de inmuebles a un valor muy inferior al que estima comprobado el órgano administrativo, lo que ha obligado a liquidar el impuesto sobre un importe superior al precio pagado.
“En estos casos el ciudadano pierde su confianza en la administración, al percibir un afán recaudatorio que no respeta la realidad inmobiliaria, sino que se aferrar a la normativa dictada en momentos en que la economía era más favorable, y se siente perjudicado por ésta”, subraya el Defensor del Pueblo.
IMPORTES ELEVADOS DEL IBI
Por último, las quejas sobre el IBI, de gestión municipal, se agrupan en torno a temas como la disconformidad con el importe del impuesto después del descenso del valor de las viviendas en los últimos tres años, por lo que el Defensor del Pueblo destaca que las ponencias catastrales que han entrado en vigor en 2007 y sucesivos resultan “desproporcionadas”.
Las reclamaciones en este impuesto también se concentran en problemas relacionados con las notificaciones y los procedimientos ejecutivos, ya sea por errores en la titularidad, superficie o características del inmueble, y por otro lado, aquellas que, tras recurrir ante el ayuntamiento algún elemento de la liquidación no obtienen respuesta. También se han recibido quejas por la emisión de liquidaciones de ejercicios ya pagados o prescritos.
