El Parlamento canario pide al Gobierno español que se declare servicio público la red de telecomunicaciones
El Parlamento de Canarias aprobó este jueves por unanimidad una proposición de ley de Coalición Canaria (CC) para instar al Gobierno de España a que adopte las medidas oportunas para que declare la obligación de servicio público para los tramos de las redes troncales de telecomunicaciones en las islas.
En la iniciativa nacionalista aprobada hoy por unanimidad en el pleno del Parlamento de Canarias, la Cámara regional insta al Gobierno regional a que a su vez inste al Ejecutivo central a que desarrolle las medidas necesarias para que en atención a las especiales circunstancias de lejanía, insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias, a la máxima brevedad imponga, por razones de cohesión territorial y en los términos previstos en el artículo 25.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, las obligaciones de servicio público sobre los tramos troncales de las redes de telecomunicaciones que interconectan las Islas Canarias entre sí y a éstas con el resto del territorio español.
Con esta medida, se busca compensar el sobrecoste que afrontan los operadores de telecomunicaciones para desplegar servicios en Canarias en relación al resto del territorio español y, con ello, equiparar las condiciones para poder desplegar infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en el archipiélago con las del resto del Estado. Asimismo se insta al Gobierno autónomo que inste al Gobierno de España para que dichas obligaciones de servicio público sean financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La proponente de la iniciativa, la nacionalista Belén Allende, recordó que CC ya ha propuesto una modificación de la Ley de Telecomunicaciones en el Senado con el mismo objetivo. La parlamentaria de CC confió en que esta normativa, que está actualmente en fase de enmiendas, salga adelante contemplando como obligación de servicio público las conexiones de Canarias con la península. Allende lamentó que la isla de El Hierro, de la que es representante, quede aislada pese a las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. En definitiva, consideró que “no se puede permitir que Canarias esté rezagada” en esta materia.
Desde las filas populares, el diputado Carlos Ester entendió que lo que se presente con esta proposición no de ley es “lo mejor para los canarios” en la era de las telecomunicaciones. El representante del PP recalcó que la obligación de servicio público en las redes troncales de telecomunicaciones de Canarias debe ser sufragada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y anunció que su grupo votaría a favor de la iniciativa.
Por su parte, el parlamentario del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán, dijo que los tramos troncales de las redes de telecomunicaciones que conectan las islas entre sí son cinco cables y el archipiélago está conectado con la península con cuatro cables. El también vicepresidente segundo de la Cámara regional enumeró algunas de las empresas que están en “contencioso” por el uso de estas redes y que deben pagar un alquiler, al tiempo que habló de 10 cables que conectan las islas con el extranjero.
Iniciativa “subvencionadora”
El socialista apuntó que el PSOE en el Senado votó en contra de esta proposición, pero matizó que “a nosotros no nos parece mal”. No obstante tachó la iniciativa de “subvencionadora del Gobierno canario”, advirtió de que puede influir en la libre competencia y enumeró las ventajas de esta medida, algunas de las cuales pueden, a su juicio, repercutir en el consumidor y favorecer la aparición de más compañías en el sector que ofrezcan sus servicios en el archipiélago.
Pese a las dudas, el PSC-PSOE votó a favor de la iniciativa, con una enmienda 'in voce', la de pedir un informe exhaustivo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre el coste de la declaración de obligación de servicio público de los citados tramos de las redes troncales de telecomunicaciones y acerca de en qué medida pueden afectar las normas sobre competencia que rigen en la Unión Europea.
