El registro de demandantes de vivienda, ''una mentira más''

El PSC-PSOE, a través de su portavoz parlamentaria de Vivienda, Eulalia Guerra de Paz, asegura que la creación y puesta en funcionamiento del registro único de demandantes de vivienda pública de Canarias es “una mentira más del Gobierno de CC y PP, que presenta este instrumento como una novedad pese a estar creado desde octubre de 2009”.

La diputada explica en un comunicado que en mayo de este año, este registro tendría que haber entrado en vigor, “pero el Gobierno de Canarias, vía decreto, lo ha dejado sin efecto hasta octubre, por lo que anunciarlo ahora como una iniciativa nueva, como ha hecho la consejera Inés Rojas junto a Jerónimo Fregel, es otro engaño del Ejecutivo regional en materia de vivienda”.

Guerra de Paz señala que este registro es imprescindible para ser adjudicatario de vivienda protegida. “Este registro figuraba como acción en el plan anterior, Plan de Vivienda 2005/2008, y no lo cumplieron, por lo que en el plan de vivienda actual, Plan de Vivienda 2009/2012, lo incluyen de nuevo”, denuncia la diputada, quien critica que el Gobierno “haya llegado a un acuerdo con una empresa privada, a la que le ha pagado dos millones de euros para que lleve casi un año sin realizar actividad alguna”.

La representante socialista recuerda que el Gobierno canario propuso a los ayuntamientos un convenio para que realizasen funciones de ventanilla única para el registro público de demandantes de vivienda protegida, “pero los ayuntamientos lo rechazaron mayoritariamente, no llegando a la decena los que han firmado porque no están de acuerdo con la carga de trabajo que supone y prácticamente sin contraprestación económica” (9.000 euros al año al margen del tamaño del ayuntamiento).

“Los ayuntamientos hacen todo el trabajo”

Guerra de Paz precisa que los ayuntamientos “hacen todo el trabajo y la empresa privada es la que se lleva millones de euros, lo que ha motivado ese rechazo de los municipios y que el Gobierno haya tenido que retrasar su puesta en funcionamiento”. En este punto, hace hincapié en que si el registro no funciona, “no se puede adjudicar vivienda protegida alguna, y éste sí que es un gran problema que este Gobierno pretende disimular ahora anunciando su puesta en funcionamiento en octubre, como si no pasara nada”.

La diputada considera “muy grave” que el registro acumule ya un retraso de cuatro años “y más grave aún resulta la intención de la consejera de engañar de nuevo a los canarios”. A su juicio, “lo que Inés Rojas debería anunciar es su ineficacia, porque también miente cuando dice que las mejores ayudas a los jóvenes para la emancipación son las del Gobierno de Canarias, pese a que las que se están recibiendo proceden en su mayoría del Ministerio de la Vivienda”.

En esta línea, sostiene que Rojas “falta también a la verdad cuando dice que la rehabilitación es una prioridad de este Gobierno y, sin embargo, figura a la cola de las comunidades autónomas en cuanto a lo que invierte precisamente en rehabilitación”. Además, sostiene que “engaña a los propietarios que quieren alquilar, les anima a realizar las obras necesarias y luego les comunica que no tienen derecho a las ayudas, porque se han acabado los fondos”.

Propietarios en situación ''precaria''

La diputada del PSC-PSOE acusa al Gobierno de CC y PP de “haber colocado a algunos de estos propietarios en una situación precaria al tener que quedarse con lo gastado y sin la ayuda prometida”. Destaca que “ésta es la forma que tiene este Gobierno de presumir del mejor Plan de Vivienda, pero negando lo que realmente les entrega el Ministerio de la Vivienda, que aporta para el nuevo Plan 460 millones de euros y el Gobierno de Canarias algo más de 300 millones de euros”.

Guerra de Paz remarca que “no se puede consentir que siga engañando a la población más perjudicada, que es la que necesita de forma imperiosa una vivienda protegida”, por lo que el PSC-PSOE le exige que “cuente la verdad y diga quién pone la mayor parte de los fondos para vivienda”. Además le insta a que admita que el registro público de demandantes de vivienda protegida en Canarias “no es una novedad para octubre, sino un incumplimiento más de la Consejería de Vivienda”.

Por último, insiste en la necesidad de contar con un observatorio de la vivienda. “Otras comunidades autónomas lo tienen, pero el Gobierno de Canarias se niega a crearlo y vota en contra de su creación en el Parlamento, de tal forma que el Archipiélago continuará a la cola en materia de vivienda, sobre todo en ejecución de los Presupuestos, que también reflejan la ineficacia de este Gobierno”, concluye.

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