Los tomateros tendrán que devolver 6 millones
La Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de Tomates (Aceto) de Tenerife tendrá que devolver a la Hacienda Pública alrededor de 6 millones de euros de los que 4 se corresponden con la subvención al transporte marítimo y aéreo con destino u origen en las islas de tomates y pepinos correspondiente al año 2002 y abonada en 2003 y otros dos a intereses de demora.
La Delegación del Gobierno detectó en 2011 determinadas irregularidades en el cobro de estas subvenciones al sospechar que se habían incluido costes que eran superiores a los reales. La asociación se dirigió al Supremo para que de forma cautelar paralizara esta orden de pago hasta que se emitiera un fallo firme, lo que acaba de ser rechazado. Por ello, Aceto está obligado a desembolsar de forma inmediata ese dinero y solo en caso de que al final el TS le dé la razón tendría derecho a que se le devolviera.
El presidente de Aceto, Ismael López, indica que previsión de que este fallo les iba a ser desfavorable, tal y como ha ocurrido, ya han depositado de forma provisional la mitad de la deuda y se ha acogido a un aplazamiento del resto durante cinco años que han tenido que avalar con sus propiedades.
Para la asociación esta medida supone “el golpe de gracia” al sector y denuncia que durante todo el proceso sancionador han puesto en evidencia numerosas irregularidades. Entre ellas, por ejemplo, que no se ha tenido en cuenta que la carestía de este medio de transporte es mayor que el regular de contenedores ya que precisan de embarcaciones refrigeradas y hechas a medida. Apunta que el grueso de las operaciones se tienen que realizar en apenas seis meses y tan sólo pueden recurrir en un 5% a los servicios regulares dadas las especiales características de estos productos. Pero además López resalta que en el año 2002 movilizaron el doble de mercancía que en la actualidad con lo cual el desembolso tendrá aún consecuencias mucho más graves para los agricultores tinerfeños.
Por ello solicitaron primero al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y al Supremo después que paralizara de forma cautelar este pago hasta que se emitiera una sentencia firme lo que ha sido rechazado en ambas instancias. El presidente de Aceto critica “el enorme desconocimiento” que ha demostrado la Delegación del Gobierno al obligarles a devolver este dinero con sus correspondientes intereses y señala que los responsables del Estado en Canarias nunca tuvieron interés en acceder a las facturas. “Aquí se ha dado por hecho que no se hizo el transporte a Rotterdam y al Reino Unido como venimos haciendo desde hace años y que se inflaron las facturas y punto”, indica.
Las consecuencias son aún más graves si se tiene en cuenta que muchos de los cosecheros que operaban en 2002 no lo hacen en la actualidad con lo cual el resto de los miembros del colectivo tendrán que asumir estas deudas. El Supremo rechaza los argumentos de Aceto en el sentido de que se enfrentaba a dificultades para hacer frente a las deudas y se pone del lado de la Hacienda pública al resaltar los graves efectos que sobre la misma tendría la no restitución de las cantidades dado su elevado importe.
Hace apenas un mes, el TSJC confirmó una resolución administrativa idéntica de la Delegación del Gobierno que obligaba a la Federación Hortofrutícola de Las Palmas (Fedex) a devolver casi 12 millones de euros por este mismo motivo. En aquel fallo se apuntaba que “las solicitudes de ayuda se refieren a unos gastos que no han sido efectivamente pagados y que incluyen conceptos no subvencionables”. El tribunal se basa en el informe elaborado por un técnico del Ministerio de Fomento para concluir que “el coste del transporte obtenido como subvención dista en mucho del coste real o de mercado del transporte subvencionable”.
Es decir, se incluyeron conceptos que no eran susceptibles de recibir ayudas con una diferencia superior al doble de lo que legalmente correspondía. La sentencia confirma la “detección de una serie de irregularidades que incrementan indebidamente el coste del transporte declarado como subvencionable”, como son la “inclusión” entre los gastos de “ciertos conceptos no subvencionables”.
Entre esos gastos destaca el transporte terrestre desde la Península a otro punto final de la Unión Europea, costes de carga y descarga, tasas de la tara o los costes de alquiler de la plancha, entre otros. Además, también se puso en evidencia, según el TSJC, “la no declaración de los descuentos entre Canarias y Cádiz”, la inclusión de transportes con destinos a otros países de la Unión Europea como si fueran a la Península y la declaración de un menor número de kilogramos que el realmente transportado, lo cual incrementa el coste medio por kilo de tomate o pepino.
Las irregularidades salieron a la luz con los exportadores porque la naviera de ambas asociaciones no aportó las facturas con los desgloses de los distintos servicios, lo que estos niegan al señalar que ni siquiera se les han solicitado o no han querido ser consultadas. Ahora se está a la espera de que el TSJC se pronuncie sobre este asunto con respecto a Aceto y luego se recurrirá ante el Supremo. Pero una vez que las medidas cautelares ya han sido definitivamente descartadas se tendrá que abonar el montante de lo adeudado de la forma que ha sido acordada con la administración.
