Un turno de oficio específico para Dependencia
Alternativa Sí se puede presentó este martes al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife una propuesta para crear en la capital tinerfeña un turno de oficio específico para la agilización de los trámites relativos a la obtención de prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia.
Pedro Fernández Arcila, candidato de Sí se puede al Ayuntamiento, y Víctor Medina Fernández-Aceytuno, decano del Colegio, mantuvieron una reunión en la que se detallaron algunos aspectos de esta iniciativa.
La finalidad del turno de oficio, que sería el primero de estas características en España, es “facilitar a los solicitantes del derecho a prestaciones la incoación de recursos contenciosos-administrativos en aquellos casos en los que la Comunidad Autónoma se demora o no responde a las peticiones, una situación que viene generando graves deficiencias en la aplicación de la nueva normativa y que está llevando a los ciudadanos al borde de la movilización social”, según Arcila.
Con esta herramienta, asegura la formación, “se lograría por la vía judicial el reconocimiento de esos derechos con carácter retroactivo”.
Según el candidato de Sí se puede, gracias al turno de oficio será posible que en el plazo de cuatro años no haya en Santa Cruz personas a la espera del reconocimiento de esos derechos. Además, el desarrollo de las políticas previstas en la Ley permitirá “crear nuevos puestos de trabajo en áreas de teleasistencia, cuidado de mayores...”
La propuesta de Sí se puede contempla la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Colegio de Abogados por el cual la corporación formará a los letrados del turno de oficio en las especialidades necesarias para la aplicación de la Ley de Dependencia.
Arcila recuerda que el Gobierno regional es el responsable de la demora que está experimentando el proceso de reconocimiento de los nuevos derechos derivados de la Ley de Dependencia, “un extremo que viene confirmado por el hecho de que Canarias es la Comunidad Autónoma donde menos se aplica”.
“La negligencia del Ejecutivo en el desarrollo de la Ley le ha llevado a perder importantes partidas económicas que el Estado otorga a aquellas comunidades que cumplen los acuerdos establecidos entre ambas administraciones según lo establecido en la propia norma”, afirman.
