El general Pervez Musharraf impone el estado de excepción en Pakistán
El presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, declaró este sábado el estado de excepción en el país, pocos días antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la legalidad de su reciente reelección como jefe del Estado.
Un anuncio difundido por la televisión estatal informó de la entrada en vigor del estado de excepción y de “un nuevo orden constitucional provisional” ante “el deterioro” de la ley y el orden en Pakistán.
Según el texto que proclama el nuevo orden y suspende la Constitución de 1973, la medida responde a “un visible incremento de las actividades de extremistas y de ataques terroristas”, además de a la “creciente interferencia por parte de algunos miembros de la judicatura en la política del Gobierno”.
Ello “ha debilitado” al Ejecutivo, además de “desmoralizar completamente” a las fuerzas de seguridad y las agencias de Inteligencia, a las que “se les ha impedido perseguir a terroristas”, añade el texto.
También acusa a miembros del poder judicial de haber ordenado la liberación de “núcleos duros de militantes” que posteriormente “han estado implicados en atroces actividades terroristas”.
“Algunos jueces, sobrepasando los límites de su autoridad judicial, han tomado funciones ejecutivas y legislativas”, afirma la orden, y concluye que, en vista de que “la Constitución no ofrece soluciones a esta situación, no hay más salida que la de adoptar medidas extraordinarias”.
El anuncio se difundió poco después de que todas las cadenas privadas de televisión vieran suspendida de improviso sus emisiones, mientras se restringieron también algunos medios electrónicos y las comunicaciones telefónicas en Islamabad.
De forma simultánea, efectivos del Ejército y paramilitares se desplegaron en puntos clave de la capital, entre ellos el edificio del Parlamento, el de la radio y la televisión estatal y el del Tribunal Supremo.
Apresados los magistrados del Tribunal Supremo
En este último se habían reunido el presidente del alto tribunal, Iftikhar Chaudhry, y otros ocho magistrados, que declararon inconstitucional el nuevo orden proclamado por Musharraf antes de ser puestos “bajo custodia” por fuerzas gubernamentales.
Varios efectivos de las fuerzas de seguridad se llevaron a Chaudhry y a los otros ocho magistrados a un lugar que no ha sido revelado, según fuentes judiciales.
Musharraf nombró, casi de inmediato, al juez Hameed Dogar nuevo presidente del Tribunal Supremo en sustitución de Chaudhry, quien a principios de este año fue la cabeza visible de un movimiento sin precedentes de contestación al régimen del general.
La imposición del estado de excepción supone, entre otras cosas, que los magistrados del país deben prestar de nuevo juramento ante el presidente antes de poder ejercer nuevamente sus funciones.
Ello significa, en la práctica, el bloqueo del caso abierto contra Musharraf en el Supremo, que analizaba estos días la legalidad de su reelección como presidente, el pasado 6 de octubre, y tenía previsto pronunciar su veredicto la próxima semana.
También el presidente de la Asociación de Magistrados del Supremo, organismo que había desafiado el estado de excepción y anunciado su oposición a cualquier acto contra la Constitución de 1973, se encuentra “bajo custodia”, informó una fuente legal.
En medio de esta situación, se espera que la ex primera ministra Benazir Bhutto, líder del opositor Partido Popular de Pakistán (PPP), regrese a Pakistán en las próximas horas desde Dubai, adonde había viajado este jueves para visitar a su familia.
Según los analistas, el objetivo de Bhutto es desafiar abiertamente el estado de excepción, que deja en el limbo el acuerdo alcanzado entre la ex primera ministra y Musharraf a principios de octubre.
En virtud de ese pacto, el presidente aceptó anular los casos de corrupción abiertos contra Bhutto en el país, lo que permitió a ésta regresar a Pakistán el pasado día 18 tras casi nueve años de exilio.
Esta misma semana y en medio de insistentes rumores sobre la proclamación del estado de excepción, la líder opositora advirtió de que si se declaraba esta medida habría protestas masivas en las calles.
El nuevo orden concentra los poderes ejecutivos en Musharraf, al tiempo que le permitiría prorrogar hasta un máximo de un año la legislatura del actual Parlamento, que en teoría expira el próximo día 15 de este mes.
