Latinoamérica no olvida
La sociedad latinoamericana se moviliza para no olvidar su violento pasado reciente. Aparte de la apertura de juicios por la vulneración de los derechos humanos perpetrados durante las dictaduras y conflictos armados de la segunda mitad siglo XX en diversos países del continente, organizaciones no gubernamentales sostienen, con variables apoyos estatales, museos de la memoria sobre aquellos periodos oscuros como ejemplo permanente para futuras generaciones.
Durante la pasada semana, el IV Seminario de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia reunió a numerosos especialistas en Buenos Aires (Argentina) para intercambiar experiencias y difundir actividades, objetivos más sencillos ahora de manera continua gracias al portal Sitios de Memoria en América Latina presentado durante el congreso porteño. En cualquier caso, “las políticas de reparación deben ser de los Estados, no de los gobiernos”, subrayó la ex ministra chilena Romy Schmidt Crnosija para remarcar la responsabilidad de las instituciones públicas y, al mismo tiempo, desligar las acciones en favor de la memoria de la alternancia partidista fruto de los procesos electorales.
En este contexto, la actual directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, miembro del gabinete de centroizquierda presidido por Michelle Bachelet hasta principios de este año, consideró que el presupuesto estatal de 2011 permitirá “comprobar el compromiso” de Sebastián Piñera, primer inquilino del palacio de La Moneda procedente de la derecha desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con el centro inaugurado este año por su predecesora. A juicio de Romy Schmidt, abogada y profesora universitaria de derecho laboral, la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado febrero centró los esfuerzos gubernativos y, por tanto, “tiene que pasar un tiempo para juzgar con objetividad un discurso presidencial muy proclive a los derechos humanos. No son iniciativas baratas, pero son muy necesarias, porque es muy distinto leer la historia a estar en el lugar de los hechos”.
Precisamente, el director del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, Rubén Chababo, lamentó la ausencia en Argentina, a diferencia de Chile, de un centro federal sobre la violación de los derechos humanos durante la última dictadura (1976-1983), a pesar de los avances sociales experimentados en este ámbito a lo largo de recientes años gracias a iniciativas privadas y públicas. “Todavía no hay un museo nacional de la memoria, se retrasa y es un pena, porque es fundamental institucionalizar los centros para su profesionalización”, argumentó Chababo antes de advertir, por ejemplo, sobre la “dificultad de gestionar las 17 hectáreas de la ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada, recinto de Buenos Aires utilizado como centro clandestino de detención, tortura y exterminio] por la atomización y disgregación” de las instalaciones cedidas desde 2004 a diversas organizaciones sociales “sin una política coordinada”.
Rechazo a la amnistía peruana
“Viví el terror que muchos de ustedes sufrieron”, recordó a los asistentes del seminario el director del Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador desde 1992, Carlos Henríquez Consalvi. “Quería estudiar Periodismo y viajé desde mi Venezuela natal a Argentina en 1975, pero me detuvieron e interrogaron, una situación insostenible por lo que tuve que abortar ese sueño”, explicó el también fundador de la clandestina Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante la guerra civil salvadoreña (1980-1991). Aunque la victoria electoral en 2009 del partido de izquierdas descendiente de la antigua guerrilla propició “actos simbólicos” en el país como “pedir perdón por los crímenes” y constituir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Henríquez Consalvi consideró que “el fenómeno más importante es la actividad y energía de la sociedad civil al margen de las políticas del Estado”.
Precisamente, el rechazo de la sociedad peruana y las críticas de la comunidad internacional forzaron al presidente Alan García a anunciar la próxima derogación de un reciente decreto calificado de amnistía encubierta para autores de crímenes de lesa humanidad. “Estamos alertas y ya no pasan tan fácilmente los intentos de buscar la propia impunidad”, se congratuló el director de la Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho, Germán Vargas. Pese al freno a una eventual liberación del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por la guerra sucia aplicada durante su mandato (1990-2000) contra el terrorismo de Sendero Luminoso, Germán Vargas admitió la existencia en Perú de “problemas serios para judicializar las violaciones de derechos humanos” y, precisamente, atribuyó el polémico decreto al “temor” de Alan García a su propio procesamiento por acciones armadas ejecutadas a lo largo de su primera etapa (1985-1990) al frente del país.
No en vano, “el Estado es autor de las violaciones y, por tanto, no se compromete con las políticas de la memoria”, lamentó, por su parte, Marcelino Hernández Gómez , miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Desde su experiencia en un conflicto no resuelto tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el indígena tzeltal concluyó: “El Gobierno mexicano, que nunca se tomó la molestia de desarmar a los paramilitares, nos ve como una piedra en el zapato”. Pero desde Chiapas hasta Buenos Aires, las organizaciones humanitarias latinoamericanas coinciden en no olvidar, en hacer memoria con el objetivo de transformar en realidad el grito de nunca más.
