Una ley específica contra la violencia de género, la 'silla' que aún le falta a la UE

El pasado 6 de abril tuvo lugar una reunión de alto nivel entre el presidente de la República de Turquía, Tayyip Erdogan, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Del encuentro han trascendido imágenes que muestran la humillación que sufre la presidenta del Ejecutivo europeo, al verse obligada a sentarse en un sillón, apartada de los otros dos líderes. Esta situación fue el resultado de la elección anti-protocolaria de haber preparado solamente dos sillas, que fueron ocupadas por Erdogan y Jean-Michel. El protocolo diplomático establece que la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo recibirán un trato equitativo en la escena internacional. En declaraciones a los medios, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, restó importancia al incidente y dijo que Turquía había satisfecho todas las solicitudes de protocolo de la parte de la UE. Conviene mencionar que, en el seno de la Unión, existen tensiones de poder entre la Comisión y el Consejo, dos instituciones que, grosso modo, representan dos tendencias europeas diferentes: la integración supranacional y la integración intergubernamental, respectivamente.

La actuación de Charles Michel ha sido objeto de un aluvión de críticas al haber mostrado una falta de consideración y, hasta cierto punto, connivencia con esta situación. Una de las mujeres más importantes del mundo se ha visto desplazada a un lado en un entorno altamente masculinizado, en una reunión en la que, entre otras temáticas, se debatía la retirada de Turquía del Convenio Europeo para la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Este Convenio de los países pertenecientes al Consejo de Europa -organización internacional independiente de la UE- fue firmado en Estambul en 2011 y se conoce como el Convenio de Estambul. Se trata del mayor acuerdo internacional multilateral en el que se condena expresamente toda forma de violencia contra la mujer y de violencia doméstica y se reconoce, por primera vez, que supone una violación de los derechos humanos. 

Un buen análisis de las causas subyacentes que han llevado a esta disyuntiva incluye, precisamente, la decisión del ejecutivo turco, de retirarse del convenio. Tayyip Erdogan ha guiado el viraje hacia la extrema derecha que ha dado Turquía en los últimos años, con el aumento de situaciones de violencia estructural contra colectivos oprimidos. Tal y como ocurrió el pasado enero cuando cuatro estudiantes fueron detenidos bajo el cargo de insultar el Islam con símbolos LGBTIQ+, mientras protestaban en una universidad en Estambul. Sin embargo, esta deriva autoritaria y ultraconservadora es común a otros estados, como Polonia y Hungría, en las que los derechos de las mujeres, la población LGTBIQ+  y las minorías étnicas y raciales se han visto progresivamente mermados. Estos dos países también han manifestado reservas respecto al convenio: Hungría lo firmó pero nunca lo ratificó, por lo que no ha entrado en vigor en su territorio, y Polonia ha señalado en múltiples ocasiones su deseo de retirarse. 

Muchos de los líderes de la extrema derecha internacional, como Donald Trump o Santiago Abascal han alabado el discurso de lo políticamente incorrecto. El máximo exponente de esta incorrección reside en aceptar que a una mujer, por el hecho de serlo, se le confiera un lugar inferior que el ocupado por un hombre. Si bien existen dudas respecto a quien tomó la decisión de poner dos sillas, en lugar de tres, lo cierto es que de haber sido un encuentro entre tres presidentes, hombres, se habría encontrado una solución ipso facto. 

Ursula von der Leyen estableció la igualdad de género como una de las políticas prioritarias de su Comisión (2019-2024). Siguiendo este objetivo, en marzo de 2020 la Comisión presentó la Estrategia de la UE para la Igualdad de Género que fue acogida muy positivamente por el Parlamento Europeo en su resolución de enero de 2021. Sin embargo, actualmente, no existe un marco jurídico en el ámbito europeo que dote de instrumentos para luchar contra la violencia de género. Dicho de otro modo, no hay una ley europea contra la violencia de género que incluya todas las formas de violencia contra la mujer. Si bien hay instrumentos que abordan esta problemática de forma sectorial, como la Directiva sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos o, en el marco laboral, legislación contra el acoso en el medio profesional, la falta de un instrumento integrado e intersectorial se hace cada día más presente.