Diez meses de cárcel para el pescador que vendía excursiones turísticas para cazar especies marinas protegidas en Lanzarote

El Juzgado nº 3 de Arrecife, en Lanzarote, ha condenado al pescador que vendía excursiones turísticas para cazar especies marinas protegidas en la isla, como tiburones martillo, mantelinas y rayas. La sentencia lo considera autor “criminalmente responsable de un delito continuado contra la flora y fauna de pesca de especies protegidas”, y le impone una pena de 10 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como inhabilitación especial para profesión u oficio, e inhabilitación especial para el ejercicio de cazar y pescar por tiempo de 16 meses y al abono de las costas“. 

Las asociaciones medioambientales canarias ADACIS y Latitud Azul fueron quienes, en mayo de 2023, presentaron una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil exponiendo las prácticas de pesca ilegal que esta persona realizaba y que, además, publicitaba en redes sociales, fomentando la captura de especies marinas protegidas como una actividad turística para pescar “monstruos XXL”.

La sentencia, emitida el 3 de noviembre de 2023, especifica que “en fechas indeterminadas, pero en todo caso en los meses de abril, agosto y septiembre del año 2021, los meses de junio y diciembre de 2022, así como en el mes de enero de  2023, el acusado procedió a lo largo de diferentes puntos de costa de Playa Blanca, todos pertenecientes a la localidad de  Yaiza, a realizar diferentes capturas de tres especies de tiburones: tiburón jaquetón (Carcharhinus falciformis), tiburón martillo (Sphyrna sp.) y tiburón ángel (Squatina squatina), cuya captura está prohibida, así como a la captura de diferentes especies de rayas: mantelina (Gymnura altavela) , chucho negro (Taeniurops grabatus) y raya picuda (Rostroraja  alba), cuya captura se encuentra igualmente prohibida, a sabiendas de que con ello contravenía las disposiciones normativas de protección especial de dichas especies, que prohíben su captura al tratarse de especies protegidas y no incluidas entre aquellas de las que se permite su captura en la modalidad de pesca marítima de recreo”. 

Las organizaciones denunciantes valoran esta resolución por tratarse de una sentencia que, sin duda alguna, “constituye un referente legal y de confianza para el conjunto de la sociedad canaria, de sus instituciones públicas y colectivos  sociales, para continuar denunciando sin fisuras este tipo de hechos en todas las islas cuando sean detectados”, han expresado.  

ADACIS y Latitud Azul consideran que esta sentencia “representa un paso más en la lucha contra la impunidad de prácticas en la naturaleza aparentemente recreativas pero ilegales que -de forma cotidiana- se detectan en las islas Canarias”. La pesca no declarada, la pesca no reglamentada y el furtivismo pesquero son “lacras crónicas” en Canarias que “deben ser combatidas sin tregua” incrementando exponencialmente los recursos de vigilancia, las sanciones y denuncias por parte de las  administraciones competentes, y la formación y concienciación de personal técnico, de fuerzas de seguridad y de ciudadanía, añaden. 

Estas organizaciones critican, a su vez, que este tipo de denuncias tengan que ser promovidas por asociaciones medioambientales que invierten tiempo y recursos económicos propios cuando existen administraciones públicas competentes que no intervienen durante años ante hechos flagrantes de pesca abiertamente publicitados y conocidos. “No es admisible”, afirman.

Ezequiel Navío, portavoz de ADACIS, declara que “a  pesar de ello, continuaremos denunciando en los tribunales este tipo de prácticas nada ejemplares, insostenibles,  innecesarias, injustas y dañinas para el medio natural marino en su conjunto, para especies animales protegidas y en peligro de extinción en particular y, por ende, para la población canaria y su derecho ineludible de disfrutar y preservar los valores naturales de las islas en el presente y en el futuro”.

Alicia Herrera, de Latitud Azul, expresa que desde esta organización seguirán velando por la preservación del “invaluable patrimonio de nuestras islas, que radica en su biodiversidad”. Ante todo,  añade, “persistiremos en la urgencia de fortalecer la protección de las especies más vulnerables, llevando a cabo una intensa labor de educación y concienciación. Una ciudadanía bien informada y concienciada nunca participaría en actos que perjudiquen la flora o la fauna; por el contrario, se convertiría en la defensora más ferviente del medio ambiente”. 

Ambas organizaciones inciden en que “el turismo y las actividades de ocio no pueden ni deben promoverse nunca mediante prácticas que destruyan o degraden la naturaleza canaria, ni en el mar ni en tierra. El turismo responsable y sostenible debe ser un aliado incondicional para proteger y fomentar la protección del extraordinario y vulnerable patrimonio natural de las  islas”.

Las asociaciones denunciantes reconocen y agradecen el formidable trabajo y compromiso del SEPRONA de Lanzarote y de la administración de Justicia de la isla en el proceso de denuncia objeto de la sentencia.