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Se reanuda el juicio del caso Stratvs con la declaración de más de 40 testigos

Este martes testificará Piedad del Río Sendino, esposa de uno de los principales acusados y cuyo nombre fue utilizado para pedir la autorización de la obra, aunque el auténtico promotor fuera el empresario Juan Francisco Rosa 

Las claves del caso Stratvs, el "mayor atentado" urbanístico contra un Espacio Natural Protegido de Lanzarote 

El empresario Juan Francisco Rosa, principal acusado del caso Stratvs, en la primera sesión del juicio celebrado en Arrecife.

El empresario Juan Francisco Rosa, principal acusado del caso Stratvs, en la primera sesión del juicio celebrado en Arrecife. EFE/Javier Fuentes

Este martes 11 de febrero se reanuda el juicio por el caso Stratvs, que juzga el “mayor atentado medioambiental” de Lanzarote: la construcción de una bodega de más de 12.000 metros en el Espacio Natural Protegido de La Geria. Después del interrogatorio a los diez acusados que tuvo lugar el pasado mes de enero, el palacio de Justicia de Arrecife acogerá en las próximas dos semanas cinco sesiones donde 22 testigos prestarán su declaración. En marzo, el procedimiento volverá a retomarse en Las Palmas de Gran Canaria, con 25 testigos más.

En la sesión de este martes testificará Piedad del Río Sendino, esposa de uno de los principales acusados del caso, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana. Según el escrito de acusación, la autorización para las obras fue solicitada ante la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias a nombre de Del Río, que “desconocía que estaba siendo utilizada para figurar como promotora en lugar de Juan Francisco Rosa”, el empresario y principal acusado cuyo único propósito era "enriquecerse".

Rosa, al igual que el resto de acusados, ya declaró ante el tribunal en enero. El empresario confesó que “desde el primer momento” fue el promotor de la construcción de Stratvs. Además, la Fiscalía apunta que fue él y no Del Río quien recibió a través de “mensajería privada” la notificación de que el Ejecutivo regional había rechazado la petición.

Los acusados del caso Stratvs en la primera sesión del juicio, celebrada en Arrecife.

Los acusados del caso Stratvs en la primera sesión del juicio, celebrada en Arrecife. EFE/Javier Fuentes

Por otra parte, tanto el empresario como el arquitecto reconocieron que la construcción comenzó "sin autorización" y que finalmente ocupó "un poco más de lo aprobado". Miguel Ángel Armas Matallana defendió que la obra se extendió "solo unos 450 o 500 metros más", contradiciendo así a la Fiscalía. El Ministerio Público subraya en su escrito que, lo que comenzó siendo un pequeño almacén bodega de 900 metros cuadrados terminó por convertirse en un macrocomplejo industrial y turístico de 12.000 metros cuadrados. 

Además de Del Río, este 11 de febrero testificarán José Luis Carrasco, Luis Guirao Fernández, Mario Alberto Perdomo Aparicio, Ginés Manuel Díaz Pallarés, Óscar Galván y Ezequiel Navío Vasseur. Uno de los argumentos esgrimidos por las defensas cuestionaba la categoría de La Geria como Espacio Natural Protegido en el momento en el que comenzó a levantarse Stratvs.

Tanto el representante de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán, como la letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, insistieron en que la declaración de Parque Natural otorgada en 1987 es “inoperante”, por no haber sido recogida en un Plan de Ordenación de Recursos Naturales en el plazo de un año. Sin embargo, tanto la fiscal Elena Herrera, como la Acusación Particular, representada por Irma Ferrer, insistieron en que La Geria está protegida por la Comunidad Económica Europea y que, por tanto, debe “prevalecer el Derecho Comunitario”.

Por ello, entre los delitos que se imputan a Juan Francisco Rosa figura el delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes, derivados de la actividad de la bodega, y por la excavación y extracción con afectación al Paisaje. Sin embargo, uno de los ejes vertebradores del testimonio del promotor fue su "gran sensibilización” con el medio ambiente.

El empresario también trató de esquivar el delito de usurpación alegando que “compró de palabra” el 18% del terreno que le faltaba para ser dueño de todas las fincas próximas a la bodega. Por los ocho delitos que se le atribuyen, la Fiscalía pide para él quince años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer durante seis años cualquier profesión vinculada a la promoción inmobiliaria y turística y la construcción.  

El resto de acusados, pertenecientes a las distintas instituciones públicas vinculadas al procedimiento, mantuvieron en sus declaraciones que las presuntas irregularidades administrativas fueron resultado de una baja cualificación para desempeñar el cargo público que ocupaban entonces y "el gran volumen de trabajo" que tenían en aquel momento. 

El miércoles están citados como testigos Luis Castro Betancort, Antonio Andrés Lorenzo, Rosa María Martín, Gerardo Cancio, José Juan Negrín, Olga María Ramos, Erik Martín y José Juan Hernández Méndez. El jueves testificarán cinco agentes de la Guardia Civil, Aureliano Negrín y Yolanda Machían. El lunes 17 declararán Francisco José Fabelo, Sebastiana Medina, María Eulalia Merino, Leandro Caraballo, Fernando Alexis Melián, un agente de la Policía Local de Yaiza y el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. 

Acusados, delitos y penas

  1. Juan Francisco Rosa. Promotor inmobiliario y empresario dedicado a la hostelería y el turismo. Quince años de prisión por los delitos de falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. Además de inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y turística durante seis años. 
  2. Miguel Ángel Armas. Arquitecto. Inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante diez años y el mismo tiempo de prisión por delito de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y por delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa. También se pide una multa de 50 meses con cuota diaria de 40 euros. 
  3. Faustino García Márquez y Armando Villavicencio. Jefes del Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo de la consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. multa de treinta meses con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación para ejercer empleos públicos durante doce años por delito de prevaricación urbanística. 
  4. Pablo Ramón Carrasco Cabrera. Arquitecto técnico del Ayuntamiento de Yaiza. Cinco años de prisión e inhabilitación para empleo público durante 24 años por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores protegidos del Espacio Natural. 
  5. José Juan Hernández Duchemín. Gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. 36 meses de multa con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación durante 15 años por un delito contra el Medio Ambiente en su modalidad de prevaricación medioambiental. 
  6. Evaristo García Pérez. Teniente alcalde y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Yaiza. Un año y seis meses de prisión cada uno, inhabilitación de sufragio pasivo e inhabilitación para cargo público durante ocho años y seis meses por delitos de prevaricación urbanística. 
  7. Leonardo Rodríguez García. Primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo de Yaiza. Un año y diez meses de prisión y a inhabilitación para cargo público durante nueve años, también por prevaricación urbanística. 
  8. José Antonio Rodríguez Martín. Alcalde accidental y concejal de Urbanismo de la corporación municipal mencionada. Cinco años de prisión y a inhabilitación durante 21 años por el mismo delito. 
  9. Blas Noda. Funcionario del catastro municipal.  Dos años de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de 12 euros por falsedad en documento público cometida por un funcionario. 
  10. BTL Lanzarote S.L. Empresa dedicada a la promoción inmobiliaria y la explotación de instalaciones y negocios de hostelería y turismo. Además, la entidad Bodega Stratvs S. L. se encuentra participada casi en la totalidad de su capital social por BTL Lanzarote S.L. y en una única participación por Juan Francisco Rosa, a pesar de que Bodega Stratvs S.L. careciera de actividades económicas al ser BTL Lanzarote la encargada de tomar todas las decisiones relacionadas con el complejo de La Geria. 

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