El Consejo de Ministros prorroga medidas para la recuperación económica y social de La Palma tras el volcán

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado ha aprobado el Real Decreto Ley (RDL) por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, informa el Ministerio de la Presidencia en un comunicado. Este RDL incluye, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la prórroga de algunas de las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia generada por la erupción del nuevo volcán en Cumbre Vieja.

De esta manera, se prorrogan hasta el 31 de diciembre los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la emergencia. Se extienden también por tres meses los aplazamientos y  las moratorias en el pago de cuotas de la Seguridad Social y se prorroga el plazo de solicitud de ayudas por parte de los afectados, que dispondrán hasta 6 meses después de la declaración de fin de la emergencia.

Objetivo: continuar protegiendo a población y tejido productivo mientras se impulsa la reconstrucción de la Isla

La erupción del volcán en Cumbre Vieja en La Palma el pasado 19 de septiembre, se apunta en la nota, obligó a evacuar amplias zonas de esta Isla ante el avance de la lava, afectando de forma directa a la actividad económica y generando una situación similar a la ocasionada por la COVID-19 en lo que respecta a las consecuencias para empresas y personas trabajadoras.

Señala que esto hizo necesario establecer la posibilidad de que las empresas y personas trabajadoras afectadas se beneficiasen de medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo, siguiendo el esquema previsto para los expedientes relacionados con la COVID-19. Las medidas extraordinarias se incluyeron en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, cuya vigencia fue extendida por el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero.

El vencimiento de estas medidas estaba previsto para el próximo 30 de junio. Sin embargo, añade, y dado que los efectos laborales y sociales provocados por la erupción persisten y siguen exigiendo ayudas e intervención pública para la reactivación de la actividad económica, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha propuesto prorrogarlas con el objetivo de seguir protegiendo a la población y al tejido productivo mientras se continúa avanzando a su vez en la recuperación económica y social, así como en la reconstrucción de la isla, en colaboración y coordinación con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados.

El compromiso del Gobierno de España es claro: La Palma tiene futuro y los trabajos allí no terminarán hasta que todos y cada uno de sus habitantes hayan recuperado sus proyectos de vida.