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Entre todos debemos diseñar otro futuro para la Isla de La Palma


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A las pocas semanas de iniciada la erupción volcánica, ocurrida el 19 de septiembre de 2021, diversos responsables políticos, empresariales y del ámbito social, hablaban de la necesidad de que la isla saliera fortalecida de dicha crisis y que ello supusiera un cambio en la orientación de su modelo de desarrollo. En definitiva, se generó un debate, que dura hasta hoy, sobre el presente y futuro de La Palma y esto siempre es positivo que ocurra en cualquier sociedad madura y democrática.

Desde prácticamente el inicio de la erupción, han llegado a la isla millones de euros provenientes de las distintas administraciones públicas. Un dinero, que desde nuestro punto de vista, se está gastando sin existir un trabajo previo de planificación y valoración de las necesidades, que está siendo invertido de una manera casi improvisada y que no está siendo fiscalizado adecuadamente por los correspondientes mecanismos de control interno de la administración.

Lo único urgente debería ser atender de manera adecuada, el problema de la vivienda para los afectados, ya que casi todo lo demás, necesita argumentos, tranquilidad y sosiego para tomar las mejores decisiones posibles.

Con la excusa del volcán, las diversas administraciones públicas apoyándose en una supuesta emergencia, han procedido a desempolvar viejos proyectos e ideas, que en su conjunto, están conformando un ‘puzle’, que convertiría al Valle de Aridane en un territorio donde la actividad económica giraría en torno a un modelo turístico, que ha fracasado en algunas islas del Archipiélago. Un modelo turístico que es el responsable de que Canarias lidere los datos de España en desempleo, marginalidad y desigualdad social y un deterioro ambiental irreversible.

El modelo económico actual de La Palma, es débil, dependiente del exterior, vulnerable, no permite que todas las personas que desean trabajar, lo puedan hacer, generador de poco valor añadido y responsable del deterioro de las condiciones de vida de más del 30 % de la población.

Pero el turismo, tal como lo conocemos en diversas zonas de Canarias, no es la solución. Ese turismo no va a ser nuestra salvación, por más que lo repitan, de manera machacona, algunos responsables políticos de nuestra isla. No se nos puede seguir obligando a elegir entre lo malo y lo peor. Si queremos evitar que La Palma sea un territorio fallido para los próximos años, necesitamos otra vía que suponga dar un giro de 180 º a la economía y la sociedad de nuestra isla.

Por ello, es necesario y urgente, el diseño y la ejecución en el tiempo, de una ‘estrategia insular“, que posibilite una reconversión ecológica de la estructura económica de La Palma, con el objetivo de adaptar el tejido productivo, las relaciones sociales y la gestión de los asuntos públicos en esta isla, a un entorno geopolítico complejo, amenazante e imprevisible y a los cambios que ya se están produciendo en el planeta, derivados de las alteraciones del clima, cuyas repercusiones negativas en la economía, el territorio y las personas, ya estamos observando en la actualidad y que se agravarán, irremediablemente, con el paso del tiempo.

Como mínimo y de manera urgente, deberíamos abordar los siguientes retos, que consideramos estratégicos para esta isla:

Con carácter inmediato, se debe proceder a otorgar la máxima protección jurídica a las coladas y la fajana generadas por la erupción volcánica y regenerar en la medida de lo posible, el daño que ya se ha hecho, ya que constituyen un recurso turístico, cultural y científico de primera magnitud y más aún, cuando se pretende que se instale en La Palma el Centro Vulcanológico Nacional. En este sentido, las infraestructuras de comunicaciones y acceso a las viviendas, barrios y los núcleos de la costa, deben ser blandas con el territorio y reversibles.

Debemos renunciar a la construcción de nuevas carreteras y paralizar las que actualmente se están ejecutando en Tazacorte, en las coladas generadas por el volcán o en el término municipal de Tijarafe. Hay que abandonar de una vez por todas, las pretensiones de conectar El Remo con La Zamora, la denominada ‘carretera de la costa’ o la ‘circunvalación de El Paso’. Además, esta sociedad no se puede permitir seguir enterrando y despilfarrando millones de euros en un muelle de Tazacorte, cuya inutilidad es más que evidente y sin que nadie, todavía, haya asumido responsabilidades políticas.

El Valle de Aridane debe ser un solo municipio. En el horizonte de 2030, La Palma debería contar con sólo tres municipios. Una reorganización política y administrativa, que también implique una devolución de competencias en el ámbito de la gestión del territorio, por parte de los ayuntamientos en beneficio del Cabildo de La Palma y del Gobierno de Canarias. La ordenación urbanística debe estar alejada de los alcaldes.

Debemos alcanzar un ‘pacto insular’ amplio, para la protección jurídica, efectiva y real del suelo agrario o potencialmente de uso agrícola, como recurso estratégico de primer orden, que lo preserve de nuevas construcciones de carácter residencial sin vínculos y ajenos al sector primario.

Necesitamos hacer cambios profundos y de calado en la gestión y propiedad del agua y abordar con otros criterios de gestión, los residuos, la movilidad y los recursos energéticos.

En el mejor de los escenarios posibles, las ayudas al plátano no van a crecer y ello, en un contexto donde la Unión Europea está mirando más al este del continente que a los intereses de las regiones ultraperiféricas. Por ello, es necesario un plan para la reconversión y sustitución progresiva del cultivo del plátano, en otro tipo de agricultura de carácter ecológico y cuyo objetivo fundamental sea el mercado insular y regional y así aumentar nuestro grado de autosuficiencia alimentaria.

La creación de nuevas camas turísticas, debe adaptarse a la disponibilidad de inmuebles tradicionales que se puedan rehabilitar y permitir la nueva construcción sólo de las que contribuyan a la colmatación y consolidación de los núcleos urbanos ya existentes.

La nueva construcción residencial, sólo debe ocupar los suelos urbanos y la periferia de los mismos, que existen en el Valle y en el conjunto de la isla y así evitar la dispersión urbana en el suelo rústico y los entornos rurales.

Con todas estas medidas, se trata de adaptar de una manera progresiva, la economía de La Palma a la realidad ecológica de la isla y a la dinámica de un entorno cambiante y no seguir profundizando en un modelo de desarrollo fracasado en otras islas y regiones españolas, que nos va a conducir inexorablemente a un futuro de mayor precariedad social y laboral, generando un deterioro irreversible en el territorio insular y dependiendo peligrosamente, de las circunstancias y decisiones externas.

En definitiva, ha llegado la hora de que la evidencia científica y la buena gestión, condicionen e influyan en la acción política de nuestros gobernantes y así poder enfrentarnos con mayor probabilidad de éxito, a un presente complejo y un futuro incierto y lleno de incógnitas.

Todavía estamos a tiempo de reconducir la realidad. Se necesitan medidas novedosas y muchas veces, impopulares y políticos valientes que las ejecuten y, sobre todo, un cambio en la conciencia de todos nosotros, que posibilite tal transformación estratégica, diseñando un modelo de isla consensuado y aceptado, que ayude a tener un futuro viable y en la medida de lo posible, con mayor grado de autonomía frente a decisiones y shocks externos.

* Pedro Higinio Álvarez Rodríguez  es economista

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