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IUC pide que “se aclare” si la condena de inhabilitación del alcalde de Tazacorte supone su “inelegibilidad para cargo público”

Ha presentado, al efecto, un escrito ante la Junta Electoral de Zona de Los Llanos de Aridane.

Edificio de Los Tarajales.

Imgen de archivo del edificio de Los Tarajales.

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha solicitado  a la Junta Electoral de Zona de Los Llanos de Aridane que “se aclare si la condena” de siete años de inhabilitación  para empleo o cargo público por un delito de prevaricación impuesta por el Jugado de lo Penal número 7 a Ángel Pablo Rodríguez Martín  en el caso Los Tarajales “supone su inelegibilidad para cargo público, según lo recogido en el Artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General”. Rodríguez Martín, actual primer edil de Tazacorte, encabeza la lista de Unión Bagañeta (UB) en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. La citada sentencia de Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma, con sede en Santa Cruz de Tenerife, fue  notificada el pasado 29 de abril. 

El representante de IUC, en el escrito presentado el pasado 30 de abril, expone que “en el Boletín Oficial de la Provincia número 52, de 30 de abril de 2019, han sido publicadas las candidaturas proclamadas para las elecciones locales del municipio de Tazacorte”.

Apunta que “en el número uno de la candidatura proclamada de la Agrupación de Electores Unión Bagañeta (UB) figura Don Ángel Pablo Rodríguez Martín”.

Añade que “diversos medios de comunicación” informaron el 29 de abril que  Ángel Pablo Rodríguez Martín “ha sido condenado por el  Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma a siete años de inhabilitación  especial para empleo o cargo público como autor penalmente responsable de un delito de prevaricación”. 

Ángel Pablo Rodríguez Martín ha señalado este jueves, 2 de mayo, a La Palma Ahora que mantiene su candidatura a la Alcaldía. “Mis abogados están trabajando en el recurso correspondiente” contra la referida sentencia.  Ha subrayado que “mis abogados y yo conocemos la ley: me puedo presentar sin ningún problema mientras la sentencia sea provisional. Si fuera firme sería otra historia”. Ha insistido en que “mis abogados dicen que no tengo ningún problema en presentarme” a las próximas elecciones municipales.  “Seguimos adelante con bastante energía” y confía en ganar el recurso contra al citado fallo “provisional” ya que, añade, “ha sido una sentencia a la mínima expresión y, lo más importante, la licencia era perfectamente legal y el edificio ahí está y ahí se queda”. 

En el denominado caso Los Tarajales se ha juzgado una actuación contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística,  por  la construcción de un edificio de lujo en la Avenida del Emigrante de la Villa y Puerto de Tazacorte.

Esta causa se inició en 2008 tras una denuncia del Ministerio Fiscal por la autorización de una edificación que afectaba el dominio público marítimo terrestre.

En la sentencia de la magistrada juez del citado juzgado, Mónica Hernández Estruch,  que no ordena la demolición del edificio, solo ha sido condenado Ángel Pablo Rodríguez. 

En el caso Los Tarajales estaban encausadas seis personas. Además del primer edil de la Villa y Puerto de Tazacorte y candidato  por Unión Bagañeta  (UB) a la Alcaldía  en los comicios del próximo 26 de mayo, Ángel Pablo Rodríguez, fueron juzgados cuatro miembros del entonces grupo de Gobierno: el primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, y los concejales Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, además del arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito. Todos han sido absueltos.

En Canarias, la Junta Electoral ha resuelto la inelegibilidad para cargo público de dos candidatos para los próximos comicios del 26 de mayo al estar condenados por inhabilitación. Se trata de la líder de Unidos por Yaiza (Lanzarote), Gladys Acuña, que era candidata al Parlamento y al Cabildo conejero,  y Domingo González Arroyo,  el que fuera alcalde de La Oliva  (Fuerteventura). En este caso, en base la citada resolución de la Junta Electoral, no puede concurrir al Parlamento y Cabildo mejorero. Ambos han recurrido la decisión.

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