El SCS concluye que Susana Machín y las concejalas de Puntagorda y Puntallana se vacunaron irregularmente

El Servicio Canario de la Salud ha concluido en un informe que en las islas se han producido seis vacunaciones irregulares que afectan a un obispo de la Iglesia Católica, cuatro concejales municipales y una consejera del Cabildo de La Palma.

Se trata del obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez; la concejal de Arafo (Tenerife) Virginia Rodríguez; el concejal de Garachico (Tenerife) Elvis de León; la concejal de Puntallana (La Palma) María Eugenia Rodríguez; la concejal de Puntagorda (La Palma) Mercedes Candelario; y la consejera del Cabildo de La Palma, Susana Machín.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha dado esta información en comisión parlamentaria después de escuchar las quejas de los portavoces de los grupos políticos contra las personas que han aprovechado su situación para vacunarse irregularmente.

Trujillo ha indicado que todas estas vacunaciones “no se ajustan a los protocolos ni a los criterios establecidos” y, a preguntas del representante de CC-PNC, José Alberto Díaz-Estévanez, ha asegurado que ningún miembro del Gobierno de Canarias ha recibido la vacuna.

En declaraciones posteriores a los medios, el consejero ha negado que haya responsabilidad interna por estas vacunaciones irregulares, ya que la agilidad que requiere este proceso hace imposible chequear una por una a todas las personas que se incluyen en la lista por los responsables de los centros.

La Consejería “presupone la buena fe” de quienes elaboran las listas y también presupone que quienes han sido incluidos corresponden a alguno de los grupos a vacunar (residentes y personal de centros de mayores y profesionales sanitarios y sociosanitarios de primera línea).

Al ser preguntado por ceses o dimisiones de los vacunados irregularmente, Trujillo explicó que a la vista de que se publicaron informaciones sobre casos que “generaron inquietud”, Sanidad hizo su informe pero las consecuencias que se deriven de ello “ya no tienen que ver con nuestras competencias”.

En todo caso, subrayó que por estos casos no se puede levantar una sospecha general sobre el proceso, aunque señaló que la Consejería, dentro de sus posibilidades hará los máximos esfuerzos para que casos como estos no se repitan.