“Pedimos un cambio normativo para que las personas con discapacidad intelectual puedan tener contacto con su familia”

La periodista palmera Eugenia Paiz, madre de una joven con discapacidad intelectual, ha emprendido una nueva lucha en defensa de los derechos de este colectivo, que desde la declaración del primer estado de alarma, hace ya casi ocho meses, permanece confinado en centros residenciales y al que se le han restringido los contactos con la familia y las salidas terapéuticas. Como portavoz de la Plataforma Madres por la Discapacidad, que reúne a unas 200 familias de toda Canarias, Paiz apela “a la humanidad y a la capacidad de gestión del presidente del Gobierno de Canarias para que modifique la orden que está siendo interpretada de distinta formas y maneras en función del centro, de si es de gestión pública o privada”, ha explicado a este digital. “Esta petición la hacemos desde la más absoluta responsabilidad, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos, y nos encantaría ser escuchados y tener una respuesta”, ha añadido.

“Sabemos que al Gobierno de Canarias es un tema que le preocupa desde hace tiempo, pero de momento no lo han articulado, han dejado que cada uno interpretara la última orden que regula el desconfinamiento de las personas con discapacidad de la manera que entendiera cada cabildo y cada centro que está gestionado de forma privada”, explica Paiz, cuya hija se encuentra en el Centro Triana de Los Llanos de Aridane, que acoge a 37 personas con discapacidad intelectual.

La portavoz de la Plataforma Madres por la Discapacidad asegura que “si transcurridas dos semanas no obtenemos una respuesta y no tenemos la orden, a las madres no nos va a quedar otro remedio que tomar la decisión de plantarnos delante del Parlamento de Canarias de forma indefinida, a diario, para que cada parlamentario que entre, cada miembro del grupo de Gobierno que entre en sede parlamentaria, tenga constancia y conocimiento del malestar, el dolor y el sufrimiento, no tanto de las familias, que al final podemos expresar las peticiones y movernos, sino de los cientos de personas con discapacidad, usuarios de residencias, que siguen sin tener contacto con la familia”.

Paiz reconoce que “se han relajado mínimamente algunas cosas a fuerza de pelear, de reunirnos con equipos técnicos en el Cabildo, de presentar escritos, pero necesitamos que la orden se modifique y que esto adquiera visos de respeto por los derechos humanos, por los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en sintonía claramente con la seguridad sanitaria”, dice, y subraya que “nuestros chicos y chicas no van a salir a centros comerciales, no van a ir a fiestas, no van a reunirse con grandes núcleos familiares, solo con los núcleos estrictamente necesarios, madres y padres, que los necesitan porque desde un punto de vista emocional están sufriendo muchísimo”. Entiende que es compatible “mantener altos los parámetros de seguridad con el respeto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.