Una unidad integral para estimar lo antes posible la edad de los migrantes que llegan a Canarias

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas ha creado la primera Unidad de Estimación Forense de la Edad (UEFE) de España para estimar lo antes posible y de forma integral la edad de los migrantes que llegan a Canarias en pateras y cayucos. El objetivo del departamento, que existe desde 2012, pero es ahora cuando ha alcanzado el reconocimiento administrativo, es rebajar los costes de estos procedimientos y reducir, también, los tiempos de espera de los jóvenes sometidos a estas pruebas.

Las personas migrantes que llegan al Archipiélago se encuentran con muchos problemas y uno de ellos es probar, precisamente, la edad que tienen. La primera toma de contacto en este sentido es con el personal policial que acude al puerto de desembarco. Allí se hace una somera valoración inicial de la edad probable del migrante (mayor o menor de 18 años) que, en muchas ocasiones, no presenta documentación y hace uso de la palabra como única prueba. En caso de haber dudas, los expertos en Extranjería de la Policía Nacional solicitan a la Fiscalía la apertura de un procedimiento de estimación forense de la edad que suele comprender entre dos y tres pruebas a realizar: una radiografía de la muñeca, otra panorámica de la boca y una última, tan solo realizada atendiendo a dos supuestos extremos, que es una Tomografía Axial Computarizada (TAC) de clavícula.

Los migrantes son trasladados por los agentes de seguridad, en colaboración con las ONG, desde los centros de acogida hasta los complejos hospitalarios o privados donde estén realizándose este tipo de exámenes. Al menos en Gran Canaria, son llevados a cabo en una clínica privada en el municipio de Telde. Después, las personas son devueltas a los recursos de acogida y la Fiscalía solicita al IMLCF una cita para su valoración. Estas consultas pueden concertarse en días, semanas e incluso meses. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que analizó los casos evaluados en los últimos nueve años, una persona llegó a esperar hasta 36 meses para ser valorado. Es el caso más sangrante de todos. El que menos lo hizo, tardó 15 días. Una vez elaborado el informe con la estimación de la edad, la Fiscalía dicta el decreto que determina si el migrante es mayor o menor.

Todos estos pasos, al comprometer a distintos organismos y centros, implican trámites tediosos y desfasados en caso de repunte de llegadas de embarcaciones precarias a las Islas. Desde finales de 2020, cuando la Comunidad Autónoma vivió una emergencia humanitaria protagonizada por el indecente “muelle de la vergüenza” en Arguineguín (Gran Canaria), cientos de personas migrantes han esperado “congelados” durante meses por las pruebas óseas de determinación de la edad. Llegó a haber más de 1.700 jóvenes en esta situación en 2021 y eso provocó que niños convivieran con adultos de hasta 40 años en las mismas instalaciones. Los datos ilustran que el IMLCF de Las Palmas ha pasado de valorar entre 30 y 100 casos entre 2014 y 2019, a cerca de 300 en 2020, casi 1.000 en 2021 y alrededor de 625 en 2022 y otros tantos en 2023.

La intención del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas con la nueva unidad, en estos momentos tan solo compuesta por dos antropólogas forenses, Diana García y Anahí Domínguez, es la de realizar una valoración integral y exclusiva de los migrantes desde el mismo IMLCF, sin necesidad de traslados a otros puntos de las Islas. Ellas mismas, en caso de requerimiento por parte del Ministerio Fiscal, realizarán el análisis documental de cada caso, una evaluación psicosocial del migrante, otra pediátrica y, por último, las mencionadas pruebas óseas. En cada actuación, las especialistas deberán contar con el consentimiento informado para todas las pruebas y decidirán en base a los hallazgos si es conveniente avanzar con la siguiente o, en cambio, emitir informe a la Fiscalía con la estimación de la edad. El margen de error puede ser de seis meses o de cuatro años. En este centro, el intervalo de confianza está por encima del 93%.

Lo ideal de los primeros trabajos descritos es que sean ejecutados por profesionales del sistema de protección de menores, psicólogos, trabajadores sociales o facultativos del sistema de salud, según el Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense. Pero en Canarias, debido al incesante flujo de llegadas de personas en pateras y cayucos, García y Anahí han propuesto que, por el momento, sean ellas mismas, es decir, las médicos forenses de la unidad, quienes realicen esa primera valoración.

El objetivo es no someter a los supuestos menores a pruebas radiológicas innecesarias, cuestionadas por la Red Española de Inmigración, “primando, por tanto, el bien superior del menor”. Sin ir más lejos, en un estudio realizado por el IMLCF, las expertas demostraron que de las más de 1.200 personas evaluadas entre 2021 y parte de 2022, al menos para la mitad no habría resultado necesario un segundo examen óseo. “Las radiaciones por una radiografía de mano y boca son ínfimas. Y no van a suponerle [a la persona] ni desarrollo de cáncer ni nada por el estilo. Pero tenemos que velar por su bien. Hay que hilar muy fino”, apunta Domínguez.

Tanto Domínguez como García cumplen con otra de las recomendaciones del Consejo Médico Forense: ambas tienen experiencia contrastada en el campo de las ciencias forenses, un perfil profesional que escasea debido a las múltiples labores a desarrollar. “Nuestro trabajo es súper amplio. Podemos hacer autopsias, pero también una valoración psiquiátrica, otra de lesiones de tráfico o determinar si una persona puede dar su consentimiento para un ingreso hospitalario, por ejemplo”, enumera Domínguez. La UEFE, al disponer de un reconocimiento administrativo, podrá adjudicar plazas de especialistas. En los meses de mayor llegada de personas migrantes durante la crisis de 2020, llegó a haber hasta seis encargados para realizar trabajos de esta índole. El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas cuenta con 19 médicos forenses en plantilla.

La unidad ha solicitado dos aparatos especializados para las pruebas óseas que costarían en torno a 25.000 euros. Aún no han sido entregados. Una estimación económica del Instituto calcula que las arcas públicas canarias ahorrarían 98.000 euros cada seis meses al detener la práctica de dichos exámenes en centros privados, como se viene haciendo hasta ahora, para poder realizaros en el IMLCF, un órgano técnico adscrito a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

“Nuestra forma de hacer las cosas es muy estricta, muy estudiada”, resalta García. Este año, la UEFE ha sido visitada por representantes del Consulado de Estados Unidos, de la ciudad de Madrid y también por el Delegado para Europa del Refugiado. En estos momentos, Canarias tutela a poco más de 5.000 menores migrantes. Domínguez y García reconocen que existe una pequeña sobrecarga de trabajo después del repunte de llegadas en El Hierro. Con la unidad en marcha y las máquinas solicitadas a disposición (aunque aún no lo están), las personas que arriesgan su vida para llegar a Canarias deberían ser valoradas en el menor tiempo posible.