La Asociación de Fiscales pide más garantías de independencia al Gobierno
La Asociación de Fiscales (AF) exigió este sábado al PSOE que apruebe, dentro de la reforma del Estatuto fiscal, un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado y consideró que existe un recelo por parte del Gobierno “para diseñar mecanismos que garanticen” la autonomía de esta institución.
Esta es una de las conclusiones aprobadas por la AF, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera, en el Congreso celebrado en Fuerteventura, en el que han reiterado sus críticas a la postura del fiscal general en casos como la concesión de la prisión atenuada al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos o la retirada de acusación contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi.
Asimismo, ha respaldado la petición de dimisión del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, hecha por los vocales de la AF en el seno del Consejo Fiscal el pasado año por la política de nombramientos.
Para esta asociación, la reforma en trámite del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “no avanza de manera decidida en la autonomía real” de esta institución.
En particular, respecto al sistema de nombramiento y cese del fiscal general, la AF exige al PSOE “el cumplimiento de su promesa electoral por la que se comprometía a fijar un plazo de mandato” de cinco años al considerar que el proyecto del Gobierno lo incumple “y genera la impresión de que cuando se ostenta el poder, existe un recelo para diseñar mecanismos que garanticen la autonomía del Ministerio Fiscal”.
Además, insiste en la necesidad de potenciar las funciones del Consejo Fiscal como máximo órgano representativo de la carrera fiscal y lamenta “que el proyecto de reforma no incida nada en este punto”.
Por ello, considera “intolerable” y un ataque a la autonomía del Ministerio Fiscal “cualquier intento de introducir en la reforma recortes de las ya mermadas funciones y facultades del Consejo Fiscal o la incorporación al mismo de miembros ajenos a la carrera fiscal”.
Por otra parte, la asociación destaca la necesidad de que la adaptación del Ministerio Fiscal a la estructura autonómica no afecte a su carácter único y estatal y sostiene que el nuevo Estatuto debe garantizar la figura del fiscal general “como cabeza principal” de la institución.
También expresa su preocupación por la previsión de exigir el conocimiento de la lengua y del derecho especial de algunos territorios como mérito determinante para ejercer la función de fiscales esos lugares, lo que, de materializarse -dice- supondría institucionalizar un elemento discriminador.
El incremento de la plantilla del Ministerio Fiscal y el aumento de retribuciones son otras de las conclusiones acordadas por este congreso.La Asociación de Fiscales (AF) exigió este sábado al PSOE que apruebe, dentro de la reforma del Estatuto fiscal, un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado y consideró que existe un recelo por parte del Gobierno “para diseñar mecanismos que garanticen” la autonomía de esta institución.
Esta es una de las conclusiones aprobadas por la AF, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera, en el Congreso celebrado en Fuerteventura, en el que han reiterado sus críticas a la postura del fiscal general en casos como la concesión de la prisión atenuada al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos o la retirada de acusación contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi.
Asimismo, ha respaldado la petición de dimisión del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, hecha por los vocales de la AF en el seno del Consejo Fiscal el pasado año por la política de nombramientos.
Para esta asociación, la reforma en trámite del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “no avanza de manera decidida en la autonomía real” de esta institución.
En particular, respecto al sistema de nombramiento y cese del fiscal general, la AF exige al PSOE “el cumplimiento de su promesa electoral por la que se comprometía a fijar un plazo de mandato” de cinco años al considerar que el proyecto del Gobierno lo incumple “y genera la impresión de que cuando se ostenta el poder, existe un recelo para diseñar mecanismos que garanticen la autonomía del Ministerio Fiscal”.
Además, insiste en la necesidad de potenciar las funciones del Consejo Fiscal como máximo órgano representativo de la carrera fiscal y lamenta “que el proyecto de reforma no incida nada en este punto”.
Por ello, considera “intolerable” y un ataque a la autonomía del Ministerio Fiscal “cualquier intento de introducir en la reforma recortes de las ya mermadas funciones y facultades del Consejo Fiscal o la incorporación al mismo de miembros ajenos a la carrera fiscal”.
Por otra parte, la asociación destaca la necesidad de que la adaptación del Ministerio Fiscal a la estructura autonómica no afecte a su carácter único y estatal y sostiene que el nuevo Estatuto debe garantizar la figura del fiscal general “como cabeza principal” de la institución.
También expresa su preocupación por la previsión de exigir el conocimiento de la lengua y del derecho especial de algunos territorios como mérito determinante para ejercer la función de fiscales esos lugares, lo que, de materializarse -dice- supondría institucionalizar un elemento discriminador.
El incremento de la plantilla del Ministerio Fiscal y el aumento de retribuciones son otras de las conclusiones acordadas por este congreso.
