El fiscal pide 31 años de cárcel para el etarra que atentó contra Rabanera
La Audiencia Nacional juzgará este lunes al etarra Diego Ugarte López de Arkaute, ya condenado por el asesinato de Fernando Buesa, por la colocación de un coche-bomba cuyo objetivo era matar al diputado general de Álava Ramón Rabanera (PP), hechos por los que el fiscal pedirá para él 31 años y 6 meses de prisión.
En el juicio, que se celebrará ante la sección primera de la Sala de lo Penal de este tribunal, el fiscal Enrique Molina sostendrá que el acusado integraba el comando Ituren de ETA junto a Asier Carrera y Luis Mariñelarena, ya condenados por estos hechos, y que desde septiembre de 1998 hasta junio de 2000 utilizaban “como base de su infraestructura operativa” un piso de Vitoria.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, durante 1999 los etarras investigaron a diversas personalidades políticas del País Vasco, entre ellas a Rabanera y a Buesa, éste último asesinado junto con su escolta el 22 de febrero de 2000, tras lo que los miembros del comando “permanecieron inactivos”.
El escrito precisa que en marzo de 2000 mantuvieron una cita con el dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, quien les ordenó “intensificar la información sobre Rabanera para acabar con su vida”.
Elaborada la información, y tras recibir de ETA un vehículo Renault de color blanco, cargaron en el maletero un artefacto explosivo y colocaron un mecanismo de acción a distancia para hacerlo explotar al paso del coche oficial del diputado general.
“No pudieron terminar su propósito criminal porque el día en que se proponían realizarlo, en fecha no determinada entre las últimas semanas del mes de abril y primeras de mayo de 2000, se averió el sistema electrónico del coche bomba y no consiguieron ponerlo en marcha”, agrega el escrito.
Ante esta incidencia los miembros del comando trasladaron el coche a otro lugar y retiraron el artefacto explosivo de su interior dejándolo abandonado hasta ser localizado por la Policía el 10 de noviembre de 2000 en las inmediaciones del piso compartido por los miembros del comando.
Ugarte y los otros dos etarras, “al sentirse vigilados” por la Policía, abandonaron el piso de Vitoria y se fueron a Francia, donde se reunieron con su responsable en ETA.
En el piso ocupado por los miembros del comando los agentes intervinieron, además de armas y explosivos, diversos portafolios que, según el fiscal, contenían informaciones sobre matrículas de vehículos y objetivos de la banda terrorista, como miembros de las Fuerzas de Seguridad o políticos.
El fiscal considera a Ugarte, ya condenado a 19 años de prisión por la tenencia de las mencionadas armas y explosivos, autor de los delitos de integración en organización terrorista, tentativa de homicidio terrorista con la agravante de alevosía, robo de vehículo a motor y falsificación de documento oficial.
