Greenpeace acusa al Estado de ''vender la costa al mejor postor''
Las organizaciones ecologistas Greenpeace y WWF han cargado duramente contra la reforma de la Ley de Costa que ha comenzado este viernes su trámite parlamentario.
En un comunicado, Greenpeace expone que el proyecto de Ley de Costas aprobado en el Consejo de Ministros “es un engaño, al proclamar la protección del litoral y a la vez, excluir construcciones ilegales y reducir el deslinde del dominio público marítimo terrestre”.
La organización ecologista pregunta al Gobierno cuáles son los criterios para ese uso “sostenible” de la costa “que impedirán las ya habituales atrocidades urbanísticas en nuestro litoral”.
También considera Greenpeace que el Gobierno central trata la costa “como un recurso de inversión y desarrollo turístico en vez de como un bien y un patrimonio natural público”.
“El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa”, ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. “Con mayoría absoluta en las Cortes el PP deja a futuros decretazos la regulación de la costa”, subraya.
La Ley de Costas “no responde a la supuesta austeridad anunciada por el Gobierno, sino a la venta del suelo público”, según esta organización ecologista, que recalca además que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 la dotación para el mantenimiento de la costa “se reduce a la mitad, pasando de los 104 millones del 2012 a los 48,8 millones en 2013”.
“Sin presupuesto, con la costa privatizada y permitiendo la peligrosa permanencia de industrias y viviendas en la franja costera, quedan claras las intenciones del Gobierno, vender la costa al mejor postor”, ha declarado por su parte Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Postura de WWF
Asimismo, WWF destaca que la reforma presentada por el Gobierno “no ha tenido en cuenta en las medidas el cambio climático” y sus efectos sobre el litoral, como el aumento de la altura del mar o el incremento en número e intensidad de los temporales.
WWF España hace hincapié en que la reforma “supone un retroceso para la protección de nuestro litoral, por la prevalencia de los intereses particulares sobre el interés general”.
La propuesta legislativa, según la organización conservacionista, “creará gran inseguridad jurídica, por decisiones como la repetición del deslinde de la Isla de Formentera o la intención de revisarlo cada 10 años dando lugar a un gran número de reclamaciones”.
“Además, a día de hoy, se desconoce el coste que supondrá al contribuyente la aplicación de la presente reforma debido al gran número de reclamaciones, el coste de rehacer los deslindes, el coste de asumir las reclamaciones futuras y el coste al defender las infraestructuras y las debido al aumento de los temporales”, concluyen desde WWF.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, manifiesta por último que “esta reforma no protege la costa y sólo da seguridad jurídica a algunos interesados en contra de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos”.
