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El Gobierno anula ahora el ‘regalo’ de 63 villas que hizo a la urbanización turística Club Lanzarote

Fue el propio vicenconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, el que defendió el aumento de la edificabilidad en contra de un informe jurídico del Gobierno de Canarias

El Plan General de Ordenación de Yaiza recogía 42 villas en una parcela en la urbanización Montaña Roja y el Gobierno las incrementó hasta 105 de forma ilegal

El Ejecutivo ha dado marcha atrás después de que el caso se llevara a los tribunales

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Parcela sobre la que se pretendía construir las 63 viviendas. (Felipe de la Cruz)

Parcela sobre la que se pretendía construir las 63 viviendas. (Felipe de la Cruz)

El Gobierno de Canarias ha declarado nulo el acuerdo de la Comisión de ordenación del territorio y medio ambiente de Canarias (Cotmac) de marzo de 2017, por el que hacía una corrección de error material del Plan General del municipio lanzaroteño de Yaiza y dotaba de mayor edificabilidad a una parcela en el plan parcial Montaña Roja de Playa Blanca que permitía construir 63 viviendas más no contempladas en el PGO.

El cambio beneficiaba a la empresa Club Lanzarote y se llevó a cabo con el criterio en contra de la ponencia técnica del organismo y con un informe jurídico en contra del propio Gobierno de Canarias. Después de esa aprobación, la asociación Transparencia Urbanística recurrió en los tribunales la modificación y pidió su nulidad porque el incremento del número de viviendas afectaba a elementos estructurantes del Plan.

Fue el propio Gobierno quien, ante ese recurso, inició un procedimiento de revisión de oficio que acaba de culminar este verano con la anulación de su propio acuerdo, en una resolución firmada el pasado 19 de julio por la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

“A la vista del resultado de la instrucción de este procedimiento, debe considerarse que no se cumplían los requisitos para entender que el Plan General incurrió en error material, aritmético o de hecho al establecer un número de 42 viviendas para la parcela 153 del ámbito de suelo urbano Montaña Roja R2”, señala la resolución. En el procedimiento de revisión el Ayuntamiento de Yaiza no presentó alegaciones pero sí lo hizo la promotora afectada, aunque el Gobierno las desestimó.

La resolución afirma que “no parece existir contradicción entre la Memoria de Ordenación y los ficheros urbanísticos del Plan General, lo que nos lleva a concluir que el error alegado no es patente y ni siquiera parece acreditada inequívocamente su existencia. Quizá la operación realizada en el citado fichero de fijar un número menor de viviendas para la parcela 153 y remitirse a una modificación del planeamiento no haya sido acertada técnica o jurídicamente, o bien refleje un desfase con la realidad fáctica de los terrenos colindantes; pero lo que no ha sido acreditado es que sea un mero error material, aritmético o de hecho que sea manifiesto y evidente, y que se deduzca de los documentos obrantes en el expediente”.

En aquella ponencia técnica de la Cotmac que ahora se anula sólo votó a favor del cambio su presidente, Jesús Romero Espeja, que es el viceconsejero de Política Territorial. En la sesión estuvo presente Jorge Coderch, redactor del Plan General de Yaiza, que intervino para explicar que se trataba de una parcela que tenía un uso comercial en el anterior Plan y que se acordó reconvertirla a residencial, con las mismas condiciones de las parcelas de villas del primitivo plan parcial que establecía 1.000 metros cuadrados por vivienda.

“Estos fueron los términos en los que se negoció con la propiedad”, señaló en su intervención y añadió que lo que se estaba planteando era una revisión de los criterios de ordenación del Plan; no un criterio de interpretación de la normativa.

Club Lanzarote no hizo constar su desacuerdo con las casas que le correspondían en esa parcela en el convenio que firmó adjunto al Plan General. En representación de los promotores intervino en la Cotmac David Sánchez Lanuza, del bufete de Díaz de Aguilar, que fue quien firmó el convenio y argumentó que se trataba de un error aritmético y que el salto de 42 casas a 105 era “obligado”.

Se apoyó en un informe de otro técnico de la Cotmac, Jesús Luna, que calificó como “riguroso y cierto”, y que era favorable a la interpretación de que se trataba de un error. Ahora, todo ese regalo queda anulado por el propio Gobierno de Canarias.

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