Reyes evita su imputación por el Plan General
El exgerente de Urbanismo, Víctor Reyes, evitó el viernes, al menos de momento, su imputación por la supuesta falsificación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife. Las investigaciones se están desarrollando por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital tinerfeña, Juana María Hernández, tras la denuncia presentada por la Fiscalía contra los Delitos Medioambientales y las acusaciones particulares integradas por los abogados, Felipe Campos, Antonio Espinosa y José Pérez Ventura.
El exgerente declaró el viernes durante casi dos horas y media y no eludió las preguntas de ninguna de las partes personadas en el proceso penal. Los letrados rechazaron realizar ningún tipo de declaración al señalar que en estos momentos las diligencias se encuentran en un momento muy embrionario y están a la espera de lo que en los próximos días determine la juez.
No obstante, algunas fuentes ratifican que el exgerente ha aportado numerosos datos e informaciones que servirán para seguir avanzando en la investigación y demostrar que efectivamente se incurrió en una falsificación del Plan General que se intentó aprobar en 2010. Se da la circunstancia de que el lunes Reyes tendrá que volver a comparecer, pero esta vez como imputado y en el Juzgado número uno por el conocido como casa Siliutto que investiga la compra de este inmueble por un valor superior al fijado por los técnicos de Urbanismo.
Esta causa mantiene en la actualidad en esta misma situación procesal a nueve miembros del Consejo Rector del organismo autónomo, de los que ocho son los concejales que lo integraban en aquel momento y Reyes que ha sido citado en calidad de secretario.
Por la imputación de Tabares de Nava y Senante
La del viernes era la segunda jornada de declaraciones que se desarrolla por la supuesta falsificación del Plan General de Santa Cruz. El primer día comparecieron los integrantes del equipo redactor del planeamiento, Juan Manuel Palerm, Leopoldo Tabares de Nava y Fenando Senante.
El resultado de la maratoniana declaración fue que en los dos últimos casos se decidió interrumpir la comparecencia después de que así lo pidiera la Fiscalía y las acusaciones particulares que piden la imputación de Tabares de Nava y Senante. La juez les requirió a ambos que presentaran diversa documentación y a partir de aquí se decidirá cuál es su situación procesal.
Los hechos que se analizan en este momento intentan determinar qué ocurrió para que, a finales de 2009 y principios de 2010, supuestamente circularan diversas versiones del planeamiento, que en unas ocasiones eran aprobadas en el Consejo Rector, otras se remitían a los grupos de la oposición, otra se aprobada en pleno y luego una diferente era remitida a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Ninguno de estos documentos contaba con la firma digital del secretario de la Corporación local, Luis Prieto, quien en aquellos días indicó que no estaba obligado a autentificar el planeamiento.
Aparte, dentro de la causa penal del Plan General también se investigará en fechas próximas los intentos de construir en un enclave protegido por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) como es Costa Cardón y los supuestos tratos de favor que se contienen en el documento hacia determinados empresarios. Hace algunos meses la juez decidió reunir todas estas causas en una sola.
Con respecto a la urbanización ya se ha denunciado que el caso es idéntico al ocurrido en El Varadero en el cercano municipio de El Rosario, donde el alcalde, Macario Benítez, varios concejales y técnicos están formalmente acusados por haber intentado durante años construir en un enclave que gozaba de la misma protección que Costa Cardón. Estos ámbitos están calificados como Área de Regulación Homogénea (ARH) en el planeamiento insular con el fin de evitar el uso residencial en pendientes y barrancos, sobretodo a raíz de la tragedias producidas después de las lluvias torrenciales del 31 de marzo de 2002.
