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Santana Cazorla renuncia a la segunda fase del 'Plan Zapatero'

PARA ''INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ADJUDICACIÓN DEL RESTO DE ASPIRANTES''

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El empresario Santiago Santana Cazorla ha anunciado este miércoles la renuncia de su grupo a las adjudicaciones de la segunda fase del denominado Plan Zapatero para inversión pública en obras a través de los ayuntamientos -a los que ya había presentado ofertas- después, y como consecuencia, de la reunión de la patronal del sector en Las Palmas, de la que Santana Cazorla forma parte.

El Grupo Santana Cazorla explicó en un comunicado que ya ha pedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no "abran las plicas [sobres cerrados de las ofertas] presentadas por esta compañía, correspondientes a la segunda fase del mencionado plan", con la intención de "incrementar las posibilidades de adjudicación del resto de empresas aspirantes a la licitación".

El conglomerado de empresas de Santana Cazorla, que se había adjudicado dos de cada cinco contratos de la primera fase, aseguró que en "una junta directiva de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP) se abordó el asunto de las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria" y que como consecuencia de ello "este grupo empresarial, miembro de la AECP, valoró los argumentos expuestos y anunció su intención de mecanizar la acción antes comentada en la segunda fase de la licitación".

En todo caso, sí precisó que se "reserva" la posibilidad de presentarse a "futuras fases del concurso", descartando una renuncia total al resto de etapas del plan, que supone la inversión de 66,7 millones sólo en la capital grancanaria y de 358 millones de euros en todo el archipiélago.

Esta decisión se justifica en la "preocupación" que los empresarios de la construcción mostraron en el seno de la AECP por el alto grado de concentración de las adjudicaciones, según publicaron este fin de semana varios periódicos canarios.

Con antelación, el propio ayuntamiento pidió a las empresas que confirmaran las ofertas presentadas y que no contenían errores, pues funcionarios de la corporación municipal habían detectado que las ofertas suponían costes laborales hasta un 52% superiores al importe de la licitación concedida.

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