Agredir al personal docente y sanitario en Canarias, un delito de atentado
El Gobierno canario y la Fiscalía firman un protocolo de actuación para disminuir las agresiones y “aspirar” a su erradicación
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 (EUROPA PRESS)
Las consejeras de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y de Sanidad del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito y Mercedes Roldós Caballero, respectivamente, han firmado hoy en Las Palmas de Gran Canaria los convenios de colaboración con el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, Vicente Garrido, en materia de agresiones contra el personal docente y sanitario, de forma que éstas pasarán de ser consideradas un delito o falta de lesiones a un delito de atentado, cuyo tipo básico contempla penas de uno a tres años de cárcel.
Dichos convenios, que tendrán una vigencia inicial de cinco años, tienen como objetivo contribuir a la disminución de las agresiones y “mantener la dignidad profesional” de ambos colectivos de funcionarios y empleados públicos, imprescindible para el ejercicio de sus profesiones.
Para ello, se articulan los mecanismos de cooperación necesarios para asegurar la existencia de los canales de información recíprocos indispensables, en orden a la mejora de la eficacia en la investigación, persecución y castigo de dichas agresiones.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
En este sentido, el fiscal jefe subrayó que este convenio “fija un instrumento para encauzar todos los supuestos de agresión como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional en el ámbito del personal docente y sanitario en la Comunidad Autónoma Canaria, de tal forma que todas las agresiones irán dirigidas a cada una de las Fiscalías Provinciales para evitar la dispersión de su acción”.
Vicente Garrido recordó que “no existe todavía una norma legal que considera la condición de funcionario público a personal docente o sanitario”, pero la Fiscalía General del Estado así lo acordó en 2008 en una instrucción de régimen interno y otorgó una “especial condición” para la “protección” de estos profesionales.
Asimismo, admitió que “será casi imposible erradicar este tipo de conductas”. No obstante, el fiscal subrayó que “cuando se produzca una agresión contra un personal docente y sanitario esta persona va a tener la condición de funcionario público y no va a ser visto desde el punto de vista penal como una mera agresión constitutiva de un delito o falta de lesiones, sino que la Fiscalía lo apreciará como un delito de atentado” con pena privativa de libertad cuyo cumplimiento dependerá si el denunciado tiene antecedentes penales o no.
UN TOTAL DE 514 DENUNCIAS
Por su parte, la consejera canaria de Sanidad, Mercedes Roldós, informó de que en 2008 se tramitaron 268 denuncias de agresiones físicas y/o verbales hacia trabajadores de Sanidad en las islas, mientras que en lo que va de año se han registrado un total de 246 denuncias.
Roldós hizo especial hincapié en que Canarias es “de las pocas comunidades autónomas” que ha suscrito dicho convenio, que espera que sirva para disminuir este tipo de agresiones y “aspirar a su erradicación”.
Además, incidió en la “persecución y castigo” a este tipo de ataques y remarcó el “incremento exponencial” de agresiones a personal docente y sanitario en los últimos años en las islas, algo que ha generado “enorme inquietud a las instituciones públicas”.
Añadió que dicho convenio se suma al de asistencia jurídica especializada con los trabajadores de la sanidad pública canaria, suscrito en 2007.
De igual modo, la consejera de Educación, Milagros Luis Brito, manifestó que dicho acuerdo con el Ministerio Público se complementará cuando el Ejecutivo regional apruebe en el primer trimestre de 2010 el Decreto de Convivencia a fin de “mejorar el clima en lose centros educativos”.
Una comisión mixta por cada Consejería se encargará del seguimiento de los convenios firmados hoy, que tendrán como finalidad la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. La presidencia de las comisiones corresponderá alternativamente y por periodos anuales a las responsables de ambas consejerías y al fiscal Superior de la Comunidad Autónoma.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
En estos convenios, la Fiscalía asume el compromiso de investigar los casos de agresiones a docentes y sanitarios e impulsar el enjuiciamiento ante los tribunales para castigar tales conductas, si fueran constitutivas de delito o falta.
Las actuaciones a realizar por la Fiscalía Superior en su protocolo de actuación se iniciarán una vez recibida la denuncia. A continuación el fiscal incoará las oportunas diligencias de investigación, pudiendo ordenar la práctica de las diligencias que estime oportunas, al término de las cuales acordará, mediante el correspondiente decreto su remisión al Juzgado de Instrucción competente si estimara que hay indicios suficientes de la existencia de una infracción criminal, bien sea delito, bien sea falta, comunicando tal resolución al denunciante.
Si, por el contrario, el fiscal estimase que el hecho no reviste los caracteres de infracción penal, decretará el archivo de las diligencias de investigación, comunicando tal decisión al denunciante quien, en su caso, podrá reiterar su denuncia ante el juez de Instrucción competente.
En los casos en que la Administración presente la denuncia directamente ante la Fiscalía, resulta indispensable que no se efectúe ninguna otra denuncia ni comunicación ante el Juzgado de Guardia o ante la Policía, pues ello daría lugar a la incoación de diligencias previas judiciales, lo que determina que el fiscal deba cesar en sus diligencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En los casos de denuncias interpuestas ante la Policía o el Juzgado de Guardia, el fiscal verificará el estado de la denuncia ya presentada y procederá a su seguimiento singularizado, una vez se le haya comunicado por las administraciones educativas o sanitarias.
Por último, el fiscal Jefe correspondiente dará las instrucciones oportunas para que cada uno de los procedimientos que se incoen sea objeto de un particular seguimiento por parte de los fiscales competentes en cada caso.
Asimismo, ambas consejerías se comprometen a articular los correspondientes protocolos de actuación internos para las agresiones físicas a su personal.
