Alcaide admite su error al haber planteado la uniformidad de los funcionarios en Canarias
El PP recalca que no es culpa del Diputado del Común que la Cámara no le haya cambiado
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 (EUROPA PRESS)
El diputado del Común, Manuel Alcaide, ha admitido su error y ha pedido disculpas por haber planteado en comisión parlamentaria que los funcionarios que desarrollan su labor en la Comunidad Autónoma de Canarias vistan uniforme para saber si “si salen a la calle o no, o si están tomando café”.
Así lo ha aseverado Manuel Alcaide en el Pleno del Parlamento de Canarias, donde ha presentado ante la Cámara el informe anual del Diputado del Común correspondiente al ejercicio 2009.
En su intervención, Alcaide ha querido aclarar que el comentario realizado en su última comparecencia ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico sobre la posible uniformidad del personal funcional fue en “un tono informal”, relacionado con “los tópicos que existen en la sociedad acerca de los empleados y las empleadas públicos”.
El diputado del Común ha reconocido que dicho comentario fue “un error” y por ello ha querido “aclarar y reiterar” que “no existe ninguna propuesta” por parte de la institución que preside referente al uso de uniformes por parte de los funcionarios. Se trata, por tanto, de un comentario “desafortunado”, por lo que ha querido pedir disculpas en general a todas las personas que se hayan sentido afectadas por el mismo.
En cuanto al contenido del informe, Manuel Alcaide ha explicado que en él se exponen las quejas diferenciadas por áreas funcionales de trabajo recibidas a lo largo del ejercicio 2009 y las gestiones que se han llevado a cabo para solucionarlas. Así, en 2009 pasaron unas 12.000 personas por las 6 oficinas insulares del Diputado del Común.
Parte de las quejas de los canarios se corresponden, especialmente, con el área de menores. En este sentido, Alcaide ha expuesto que la tercera parte de las quejas recibidas por la institución que preside están relacionadas con el riesgo de desamparo de menores.
En cuanto a los mayores, el diputado del Común ha señalado que la mayoría de las quejas en 2009 trataron sobre los problemas que están surgiendo con la implantación de Ley de Dependencia en Canarias, destacando el retraso en la tramitación de los procedimientos tanto para el reconocimiento de la situación de dependencia, como para la aprobación del programa individual de cada dependiente.
De hecho, Manuel Alcaide ha dado a conocer que analizando las quejas se ha observado que la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha empleado unos 25 meses de media para resolver unos expedientes de personas en situación de dependencia que tendrían que haber sido tramitados en poco más de 6 meses.
Otra área que ha motivado quejas es la educación, ya que se ha experimentado un aumento de promedio de casi 1.000 alumnos por año en Educación Infantil, lo que ha provocado que muchos centros hayan rebasado los límites establecidos y que se asignen centros que no son de la elección preferente.
Según Alcaide, esta situación afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral, puesto que existen muchos centros sin servicio de comedor o de acogida temprana, o bien no cuentan con las suficientes plazas para atender toda la demanda de alumnos de la zona, lo que obliga al desplazamiento a otros centros.
Si bien otras áreas han suscitado quejas por parte de la ciudadanía, Manuel Alcaide se centró especialmente en aquellas que tienen que ver con el funcionamiento de la administración de Justicia en Canarias, puesto que la Comunidad Autónoma sigue siendo de las que más tardan en resolver los asuntos sometidos al conocimiento de juzgados y tribunales, y la mayoría de las quejas se refieren al retraso en la tramitación de expediente de ejecuciones de sentencias.
UNA “FALTA DE RESPETO”
Desde las filas populares, la diputada María del Mar Arévalo ha advertido que su intervención no iba a versar sobre si Manuel Alcaide “está legitimado o no para seguir en el cargo”. “El respeto que mi Grupo le tiene a la institución que representa nos impide incurrir en esa falta de respeto a los cientos de ciudadanos que se han dirigido a usted buscando una solución a sus problemas”, remarcó.
A su juicio, “no es su culpa del Diputado del Común que la Cámara no le haya cambiado”, y si Manuel Alcaide se mantiene al frente de la institución, agregó, es porque desarrolla su labor “de forma responsable, ejerciendo de defensor de los ciudadanos, y haciendo lo que este Parlamento le encomendó”.
Para la diputada, “el Partido Socialista Canario sí que faltó el respeto no al diputado del Común, sino a los cientos de ciudadanos que a lo largo del año pasado se acercaron a esta institución en búsqueda de una solución a sus problemas”.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Manuel Fajardo, tras recordar la misión “fundamental” del Diputado del Común, ha hecho hincapié en que el informe anual de esta institución “no debe ser tomado como un ataque a las consejerías o sectores que se analizan en el mismo”, sino que debe entenderse como un texto que “intenta ayudar a la administración mediante sugerencias”.
Respecto a la intervención de la diputada 'popular', Manuel Fajardo ha querido dejar claro que él no le he faltado el respeto al diputado del Común cuando el año pasado pidió su dimisión. De hecho, ha hecho hincapié en que esta solicitud se debe entender en el sentido de que el Diputado del Común “tiene que dar un paso más y hacer valer la institución ejercitando y haciendo lo que dicen sus Estatutos”.
En su opinión, esto no es una falta de respeto y sí lo que el año pasado dijeron algunos de los portavoces de los demás grupos parlamentarios como el de PP, Miguel Cabrera Pérez Camacho, que dijo haber visto en una página de apuestas si el diputado seguiría o no. “Esto no es una falta de respeto, es una consideración”, ironizó.
Entretanto, la diputada de CC Flora Marrero ha señalado que tras analizar las 542 páginas que componen el informe del Diputado del Común, su Grupo ha llegado a la conclusión de que cuando un ciudadano acude a la administración y presenta una queja “no hay que verlo como un ataque, sino como un mensaje o un mandato que nos haga mejorar en el año siguiente”.
Asimismo, atendiendo al número de quejas desglosadas por áreas, la diputada ha destacado que la cifra “se ha ido aminorando paulatinamente”, lo que demuestra que la labor de la administración en cuanto a la prestación de servicios a la ciudadanía “ha ido mejorando notablemente”.
