El alcalde de El Rosario declara este jueves ante el juez por el 'caso Varadero'
El alcalde de El Rosario, Macario Benítez, declarará este jueves en el Juzgado de Instrucción número de 3 de Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación en 2002 y aprobación por silencio administrativo en 2004 del Plan Parcial El Varadero, que promovía en la localidad el empresario Amador Díaz Ramos, en una parcela registrada con protección ambiental 1 en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).
El resto de concejales del anterior grupo de gobierno (PSC) también han sido citados a declarar en los siguientes días, entre el 27 de febrero y el 13 de marzo, también en calidad de imputados por los mismos presuntos delitos.
El juez instructor del caso ha decretado estas diligencias tras comunicar a las partes la admisión a trámite de la querella interpuesta por IR-Verdes a raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra el anterior grupo de gobierno del PSC-PSOE del municipio de El Rosario.
El auto recoge que “pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y reuniendo la querella los requisitos que establece el art. 277 de la L.E. Criminal, procede su admisión a trámite y la incoación de Diligencias Previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias”, recoge el auto judicial al que ha tenido acceso ACN Press.
Para el inicio de las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, cita a declarar “en calidad de imputados con instrucción de sus derechos y asistencia de letrado dándoles traslado de copia de querella y documentos” a los integrantes del anterior grupo de gobierno en el Ayuntamiento de El Rosario.
Para este jueves, a las 11.30 horas, ha sido citado el alcalde Macario Benítez, mientras que al día siguiente, a la misma hora, lo hará la primera teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora, actualmente también consejera del PSC-PSOE en el Cabildo de Tenerife.
El auto cita el 3 marzo, a partir de las 11.00 horas, a los concejales Abel Acosta de Armas y Andrés Hernández García, mientras que el 5 de marzo están llamados a comparecer ante el juez Ana María Hernández García y Ana Hernández Márquez. Al día siguiente, a las 10.00 horas, ha sido citado Evelio Hernández Estévez, y el 10 de marzo lo harán Eugenio Marrero Alfonso y Raquel Delgado Gorrín. Los días 12 y 13 de marzo están citados los ediles Esteban Acosta Hernández, María Elba Delgado Martín, Laurentino Quintana Estebez y Juna Delgado Ramos.
El auto judicial especifica que el querellante, IR-Verdes, “ha prestado fianza por importe de 3.000 euros” para ejercer la acción popular y acceder a las diligencias del proceso. Los concejales de IR-Verdes, Jacinto Correa y Escolástico Gil presentaron su denuncia por El Varadero a la Fiscalía el 9 de abril de 2007 y la ratificaron ante el juez el 24 de junio de 2008, dando lugar a que se inicie el actual expediente judicial, en fase de diligencias previas.
Antecedentes
El ya conocido como caso Varadero cuenta con varios antecedentes jurídicos y sucesivos avatares administrativos en el Consistorio y otras instancias como el Cabildo tinerfeño y el Gobierno canario derivados de la tramitación de un Plan Parcial para urbanizar un terreno de 200.000 metros cuadrados, declarado como protegido en el PIOT.
Sobre estos trámites existen tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dos de ellas que anulan los recursos presentados en 2002 por el Ayuntamiento y el promotor contra el PIOT, que registraba el nivel de protección ambiental para esta zona.
La otra sentencia del TSJC estima el recurso presentado por IR-Verdes en 2004 y anula la aprobación por silencio administrativo positivo del Plan Parcial por parte del Consistorio. El fallo judicial remarca la protección territorial del PIOT para esta zona y la prevalencia del ordenamiento insular.
Con los trámites judiciales iniciados pretenden esclarecer si podría existir delito en la resistencia mostrada a admitir y cumplir la normativa que se interponía en la tramitación del Plan parcial y que impedía la urbanización de esta parcela, cuyo valor hipotecario en 2005 ascendía a 12 millones de euros, y habría generado el triple de plusvalías una vez edificada.
Actualmente también se tramita por vía contenciosa otro recurso de IR-Verdes al Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, publicado el 30 de noviembre de 2007, para que se anule definitivamente el Plan Parcial de El Varadero ?tal y como mandata la sentencia del TSJC- y que todavía figura como suspendido en el PGO.
