El decreto que aprobó el Gobierno canario para eliminar el copago a los pensionistas no existe
Ni está publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), ni existe expediente administrativo previo que le dé forma. El decreto que suprime el copago farmacéutico a los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anunciado por el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), de momento es sólo humo. Una medida electoralista que además se pretende financiar con el superávit de la comunidad autónoma a sabiendas de que este dinero, según la ley estatal, solo puede ser utilizado para amortizar deuda o para realizar inversiones financieramente sostenibles. Si finalmente se utilizaran estos fondos para la gratuidad de los medicamentos, el presidente estaría anunciando que va a cometer prevaricación.
Fernando Clavijo afirmó el pasado jueves que no era necesario “ningún informe jurídico” para utilizar el superávit. Sin embargo, desde su gabinete informan cinco días después de que sí que existe dicho informe, así como ficha financiera y memoria justificativa. No cuenta con un dictamen del Consejo Consultivo porque, según fuentes del Gobierno, no es necesario. Sin embargo, la propia ley del Consejo Consultivo subraya en su artículo 11 que este órgano ha de dictaminar sobre “proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión Europea”. Y el copago farmacéutico es una norma básica del Estado.
La decisión de garantizar esta gratuidad de los medicamentos a los pensionistas además no estaba incluida en el orden del día del Consejo de Gobierno del pasado 6 de mayo, cuando supuestamente se aprobó. La iniciativa fue adelantada con todo detalle un día antes por la prensa afín a Coalición Canaria y fue anunciada como uno de los principales acuerdos por Fernando Clavijo en una rueda de prensa que se convirtió en un mitin de los nacionalistas canarios.
Paradójicamente, la eliminación del copago de los medicamentos era una propuesta incluida en los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y que Coalición Canaria tumbó con su voto negativo. También los nacionalistas votaron meses antes en el Senado en contra de aumentar el techo de gasto, una medida que iba a permitir a las Islas contar con unos 90 millones de euros adicionales.
Lo habitual es que un decreto de esta dimensión se prepare con tiempo, lleve una ficha financiera que lo garantice, y no se limite a anunciar que se aplicará con el superávit, y finalmente disponga de los informes jurídicos correspondientes y el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo.
El Gobierno de Canarias estima además que los beneficiarios de la Seguridad Social con rentas inferiores a 18.000 euros solo gastan 7 euros al mes en medicamentos. En la nota de prensa en la que el Ejecutivo explica la medida se subraya que “afectará” a 292.458 pensionistas y supondrá una inversión de 14 millones de euros.
No es la primera vez que el Ejecutivo regional hace un anuncio propagandístico en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno sin que realmente se haya llevado al orden del día ese asunto. Lo mismo ocurrió en el anterior consejo, cuando la portavoz, Rosa Dávila, insistió en que “el dinero de los canarios se queda en Canarias” y en mayo de 2016, en vísperas de la repetición de las elecciones generales, el presidente del Gobierno anunció un desvío de 123 millones de euros para servicios sociales que se quedaron en 69, finalmente destinados a salarios de Sanidad.
