El aparejador municipal cobró tres millones en comisiones ilegales
La trama de corrupción que la Fiscalía ha denunciado ya formalmente dentro del caso Arona no sólo afectaba a los políticos sino que en gran parte se había asentado entre los técnicos. En cualquier caso era imprescindible una perfecta coordinación entre los cargos públicos y los aparejadores y arquitectos para que las operaciones fueran un éxito.
La Fiscalía recoge varios ejemplos de cómo el arquitecto y el aparejador, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis solicitaban dinero a los promotores, o bien directamente o bien a través de terceros, para desbloquear la concesión de licencias. En el caso de De Luis se han llegado a contabilizar hasta 3,2 millones de euros que habría cobrado en comisiones ilegales a través de distintas vías que se concretan en el escrito de acusación de la Fiscalía.
Para De La Rosa la Fiscalía pide 6 años de prisión y 20 de inhabilitación y ocho años de cárcel y 10 de inhabilitación para De Luis, por cohecho y prevaricación urbanística. El aparejador llegó a crear dos empresas externa cuyo único fin era ingresar las cantidades de dinero que recibía de tres arquitectos, que a su vez habían sido “recomendados” a los promotores que presentaban sus proyectos en Arona. De Luis recibía un porcentaje del presupuesto de la obra por cada proyecto redactado por alguno de los arquitectos propuestos “con los que tenía un concierto previo para cobrar esas cantidades”.
Uno de estos fue Zenón Rodríguez, también acusado al que se piden 4 años de prisión y 10 de inhabilitación quien había creado la empresa ZEARQ23 SL. Para justificar los cobros de comisiones ilegales simulaban el encargo de trabajos puntuales desde esta empresa a la creada por De Luis y a otra en la que constaba como representante la esposa de este último.
Se ha logrado detectar que esta táctica se utilizó en doce proyectos por los que se logró el cobro de comisiones ilegales que la Fiscalía calcula en unos 53.200 euros. Pero entre los años 2000 a 2004, Zenón realizó transferencias bancarias a la empresa de De Luis por valor de 267.500 euros. A todo ello hay que sumarle el cobro del 10% de varios proyectos cuyo presupuesto total era de 7 millones de euros, de manera que el aparejador logró reunir por esta vía 697.000 euros.
Una técnica similar se utilizó con el arquitecto, Antonio Luis González Tolosa, con el que De Luis pactó el cobro de entre un 20 ó un 25% del presupuesto de la obra cuyo proyecto redactase gracias a su intermediación, lo que sumaría cerca de un millón de euros más. Otro tanto ocurrió con Jorge Menéndez Díaz, arquitecto superior, a cuya empresa se le encargaron diversos trabajos por lo que cobró 72.500 euros por un lado, más 1,2 millones en concepto del 10% del presupuesto de la obra. Todo ello arroja un resultado de 3,2 millones de euros, que sería la cantidad que según la Fiscalía el aparejador logró amasar durante estos años a través del cobro de comisiones ilegales.
Dentro de la trama del caso Arona, paradigmático resulta el caso del promotor José Ramón Anrosena Carrera quien actuó en representación de la entidad Conale 2000 SL a la hora de solicitar un licencia para la construcción de 206 viviendas en Costa Silencio. El proyecto iba en contra del Plan General en cuanto que en este ámbito sólo se permitía el uso hotelero por lo que la propuesta de la empresa no era en ningún caso autorizable. Pero además habría problemas con el deslinde ya que la promoción invadía en la zona de servidumbre.
No obstante, el arquitecto superior del Ayuntamiento, de la Rosa, solicitó al promotor 36.000 euros con el fin de agilizar los trámites para la concesión de la licencia y la elaboración del informe técnico. El empresario no accedió, por lo que tuvo que intervenir otro de los acusados Arsenio Zamora quien por encargo de los arquitectos y del entonces concejal de Urbanismo, Félix Sierra, llevó a cabo las labores de intermediación. Zamora reiteró a los promotores la necesidad de que entregaran unas cantidades de dinero a cambio obtener dictámenes técnicos favorables y la posterior concesión de la licencia. En concreto se le solicitaron 9.000 euros con el fin de encargar un informe a un jurista para que el proyecto fuera compatible con el uso en este ámbito.
A continuación se le requirieron otros 270.500 euros más con la excusa de agilizar los trámites para obtener la licencia y que se emitiera informes favorables. Pese a estas argucias la Fiscalía considera que el dinero solicitado sólo servía para el pago de sobornos a repartir entre el arquitecto superior, el aparejador municipal y el concejal.
A pesar de todos los impedimentos las obras se iniciaron sin hacer caso a los requerimientos de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) que ya había incoado un expediente por obras ilegales. Al mismo tiempo Costas también se dirigió al Ayuntamiento para advertirles que debían parar los trabajos al estar invadiendo suelo público. Los técnicos hicieron oídos sordos a todas estas advertencias ante la certidumbre de que el promotor iba a pagarles el dinero exigido. Al no ocurrir así, De La Rosa se personó en la parcela gritando que no se iba a conceder nunca la licencia y efectivamente a partir de aquí hizo lo posible para detener los trabajos.
Eso sí hasta el año 2005 cuando los promotores advirtieron a los técnicos que disponían de una grabación telefónica en la que le requerían el pago de comisiones ilegales. A partir de ese momento se concedió la licencia y desaparecieron todas las trabas administrativas cuya resolución dependía de los acusados. Pero según la Fiscalía esta no es la única ocasión en la que De La Rosa solicitó dinero a empresarios para facilitar los trámites.
En 2003, se le pidió 300.000 euros al promotor José Tavío Fumero que había presentado un proyecto en La Camella en concepto de “detalle” en gratitud a los informes favorables que el arquitecto había emitido.
