La Apmun obliga a derribar parte del chalé de Astrid Pérez
La Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ha dado carpetazo al expediente contra la dirigente del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, a quien obliga a demoler algunos de los anexos de su chalé en la urbanización La Bufona, en Arrecife, que se construyeron sin licencia e invadiendo suelo protegido. La última resolución de la Apmun desestima las alegaciones de la consejera del Cabildo y parlamentaria popular y le da un mes para presentar un proyecto de demolición voluntaria.
Según la notificación de la Apmun, Pérez debe echar abajo “muros, piscina de unos 31 metros cuadrados, edificación adosada a lindero y ampliación de vivienda”, ya que estas obras carecían de licencia cuando se llevaron a cabo (en 1999) y se hicieron invadiendo suelo rústico y protegido.
Pese a la prescripción del presunto delito contra la ordenación urbana, la agencia de protección considera inevitable el derribo y, en consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo, dictamina que “el restablecimiento mediante la demolición tiene carácter real, produciendo efectos incluso frente a terceros ajenos a la vulneración del ordenamiento jurídico, ya que existe un interés público en el mantenimiento de la ordenación del territorio”. además, señala directamente a Pérez y a su marido como responsable de las obras, admitiendo que “la adquisición en 1999 les otorga la condición de propietarios durante la ejecución”, y añade: “En las fotos de vuelos sucesivos se observan cambios notables en la ocupación de la parcela que nada tiene que ver con lo proyectado, por lo que la obligación de restaurar les afecta, siquiera, de una manera si cabe más plena”.
La líder popular tiene ahora un mes para recurrir esta última resolución, con fecha del 31 de agosto, ante la misma Apmun o dirigirse al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo antes de dos meses.
Diez años dando vueltas
Esta no es la primera justa que afronta el caso. Según la notificación, el 25 de julio del 2000 se requiere al promotor, al constructor y al arquitecto director de la obra la suspensión de los trabajos, que arrancaron en 1997. Se trataba entonces de varias piscinas, muros y diversas obras de acondicionamiento en viviendas de La Bufona. Parte de esas construcciones se realizaron sobre suelo rústico y protegido y además carecían de licencia, pese a haberse otorgado un plazo de tres meses para instar a su legalización.
En 2008 la Apmun determina la ilegalidad del Plan Parcial de La Bufona, es decir, la urbanización prácticamente al completo. Se construyeron 52 viviendas unifamiliares donde se podían autorizar sólo 24; las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.
Entonces, el demandante fue el propietario de parte de los terrenos invadidos, Gonzalo Murillo, a quien la Justicia dio la razón obligando a demoler parte de las viviendas. Al menos 14 de ellas tienen orden de derribo, entre las que se encuentran la de astrid Pérez y la del fiscal jefe de Las Palmas, Miguel Pallarés.
