Berriel confía en que los hoteles ilegales no tengan que ser demolidos
El Gobierno canario intentará solucionar la situación de los hoteles irregulares de Lanzarote a través de la ley de medidas urgentes, afirmó este jueves el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, antes de una reunión en la que se criticó la ausencia de los representantes del Cabildo.
El consejero convocó a los alcaldes de los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise, donde se asientan la treintena de hoteles afectados, así como al consejero de Empleo, Jorge Rodríguez, a los responsables de la Consejería de Turismo, a empresarios y sindicatos, así como a Manuela Armas, presidenta del Cabildo de Lanzarote, institución que promovió las denuncias por las irregularidades de estos complejos.
Berriel, que confió en que los hoteles no tengan que ser demolidos, aunque no descartó que en algún caso sea inevitable, subrayó que se ha generado una situación ante la cual el Gobierno no puede permanecer “impasible”.
Asimismo, subrayó que hay una norma territorial clara y es que lo que se pueda legalizar se legalice y lo que no, se demuela, “y eso es así”, pero antes de ello considera obligación del Gobierno buscar una alternativa que no deje a Lanzarote sin estas infraestructuras de “última generación” que generan miles de puestos de trabajo.
A su juicio no se trata de un mal ejemplo intentar legalizarlos porque se trata de “obligarlos a entrar” en la legalidad y las causas son variadas y en algunos casos remediables.
Además, no creyó que los empresarios inviertan millones de euros en construir una treintena de hoteles con “flagrante” incumplimiento de la legalidad, por lo que no descartó que algunos de los problemas se encuentren en la propia norma.
Sobre la ausencia de los responsables del Cabildo, explicó que el hecho de celebrarse en Las Palmas de Gran Canaria es porque es el lugar donde se encuentra la sede del convocante, y que cuando convocan a la Consejería, él acude a la sede de quien le convoca.
En cualquier caso, no hubiera tenido inconveniente en acudir a Lanzarote, pero dado el cúmulo de trabajo por la proximidad de las vacaciones este jueves hubiera sido imposible.
De cualquier manera, advirtió que ninguna institución tiene el monopolio de las soluciones ni puede obstaculizar que se avance en la búsqueda de ellas, aunque lo deseable, subrayó, es contar con el acuerdo de todas las instituciones y partidos.
Berriel agregó que la reunión cuenta con asistentes suficientes como para encontrar una solución y que la obligación del Ejecutivo es estudiar las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley de medidas urgentes a tiempo para introducir cambios, pues en ellos pueden estar la solución.
La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, explicó que en este municipio hay una veintena de hoteles afectados y que su postura es tratar de legalizar todos los que sean posible.
El ayuntamiento, agregó, no ha sido notificado aún de ninguna sentencia que afecte al hotel Princesa Yaiza y avanzó que posiblemente la institución no acuda al Tribunal Supremo.
Acuña consideró que a través de la ley de medidas urgentes “se podría hacer mucho” y no considera “factible” tener que demoler los inmuebles.
Valoró negativamente la ausencia del Cabildo porque es un problema insular y no particular de cada municipio, si bien dijo no conocer los motivos de la ausencia, pero dada su ausencia y que ha sido el impulsor de las demandas, “habrá que estudiar la posibilidad de que el Gobierno lo solucione unilateralmente”.
El alcalde de Teguise, José Dimas Martín, agregó por su parte que en este municipio hay ocho hoteles afectados por diversidad de problemas como licencias concedidas sin informes jurídicos, incluso uno sin informe técnico, que es el de más difícil situación.
Su postura “está clara” y es tratar de legalizar los hoteles porque se asientan en suelos urbanos provenientes de planes antiguos y consolidados que han recibido “cuchilladas” de diversidad de normativas posteriores.
La ausencia de Manuela Armas la valoró “muy” negativamente porque, al margen de diferencias políticas o afinidades personales con los responsables autonómicos, cuando un presidente o consejero convoca considera que hay que asistir, máxime si hay un problema “candente” que afecta a cientos de ciudadanos.
