Los cabildos se oponen a la modificación del Fdcan que plantea el Gobierno

La asamblea de la Federación Canaria de Islas (Fecai) se opone al proyecto de decreto del Gobierno de Canarias para modificar el Fondo de Desarrollo de de la comunidad autónoma (Fdcan), por entender que pone en riesgo la financiación de las corporaciones insulares.

Ese decreto establece, en su artículo 4, que la continuidad de los fondos del Fdcan quedará condicionada “a la existencia del crédito adecuado y suficiente y al cumplimiento anual de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, ha asegurado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), como presidente de turno de la Fecai.

Los cabildos entienden que ese artículo “puede afectar a los contenidos del Fdcan” y, en la práctica, “establece que el Gobierno tiene las manos libres para dejarlo sin efecto”, ha asegurado Morales tras la reunión de la Fecai celebrada este jueves en la capital grancanaria.

Por ello, la Fecai tiene previsto presentar alegación al proyecto de decreto, después de que cada cabildo lo haya hecho también individualmente, al igual que han hecho los ayuntamientos, ha dicho Morales.

La Fecai también ha mostrado su malestar por el hecho de que no aparezca en los presupuestos de Canarias de 2020 una partida para financiar las competencias transferidas por la comunidad autónoma a los cabildos, después de que en 2019 se consignaran 21,9 millones de euros, ha asegurado Morales.

En cuanto a la reprogramación de los fondos del Fdcan propuesta por el Gobierno de Canarias, según la cual, los 160 millones de fondos previstos se limitarían a 60 millones en 2019 y 80 millones en 2020, la Fecai insiste en que se aclare por escrito de todas las propuestas.

“La realidad de cada cabildo es distinta” y es necesaria una aclaración por escrito de todas las propuestas a realizar, los plazos previstos y las cantidades que cada corporación recibirá, pero el Gobierno no lo ha especificado, ha argumentado.

Asimismo, la Fecai ha acordado que los criterios de nombramientos de los directores generales en las corporaciones insulares se asimilen a las establecidas para el Gobierno de Canarias, donde son nombrados por los consejeros y cesan en su función cuando este es destitutido.