“Cacicada” de alto voltaje
Las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria dirigido por el líder del PP canario, José Manuel Soria, han estado caracterizadas en los últimos 15 meses por un elevado flujo de tensión que ha culminado en un auténtico shock eléctrico que ha provocado una fibrilación cardiaca en las relaciones institucionales.
El proyecto de reforma de la Ley del sector eléctrico se ha convertido en un relámpago casi letal para el futuro del modelo económico de las Islas y sólo tiene un valedor en el Parlamento regional: el PP
El presidente Rivero ha sido claro al calificar el texto: “una cacicada más en contra del autogobierno de Canarias y el respeto a sus especificidades”.
Un comportamiento “de otros tiempos”, como lo calificó la socialista Dolores Padrón, que será combatido, según Rivero, “con todas las armas que nos ofrece el Estado de Derecho”.
Y es que, para Rivero, “no se va a conseguir bajar el precio de la electricidad en Canarias” y, simplemente, consagrará las “adjudicaciones a dedo de las regasificadoras y estaciones de bombeo a un operador, lo que tiene un muy dudoso ajuste a nuestro Estado de Derecho”.
Y tras Rivero, la consejera de Empleo e Industria, Francisca Luengo, ha sido taxativa: “Es una Ley que solo genera incertidumbre desde el punto de vista energético y ha violentado la legalidad y la lealtad institucional”.
Para Luengo, el texto elaborado por el Ministerio de Industria supone un “auténtico retroceso competencial porque cuando entre en vigor será el Ministerio quien decida qué empresas deben instalarse en Canarias, porque nunca podremos negarnos a un proyecto que sea del agrado del Ministerio”.
Pena de muerte para el concurso eólico
Las frases de Rivero y Luengo sirvieron para abrir una auténtica batería de críticas a la reforma ideada por Soria. “El concurso eólico del año 2007 queda dañado con pena de muerte”,“invade competencias”, “es una deslealtad”, “paraliza las inversiones estratégicas como Chira-Soria o Gorona del Viento”, “crea el nuevo monopolio de REE y nacionaliza recursos privados”. Todo esto, y mucho más, se ha escuchado en el hemiciclo canario al referirse al proyecto de ley auspiciado por Soria.
Y frente a todos estos ataques, Manuel Fernández acusando al Gobierno de Zapatero de, en el año 2010 y con la complicidad de CC, abrir la puerta a que la empresa Red Eléctrica de España (REE) pudiera tener vía libre a operar las estaciones de bombeo.
“No tienen memoria y el cerebro se les bloquea y solo echan la culpa e insultan al Gobierno central. El que hizo una cacicada hace cuatro días en CajaCanarias acusa ahora de comportamiento caciquil, es intolerable”, decía Fernández a 39 diputados totalmente alineados contra Soria y que, en su opinión “prefieren defender a una empresa 100 por 100 privada e italiana, como es Endesa, frente a una española”.
Y no es un estilo totalitario porque, para el diputado conservador, la reforma “no es un decreto de ordeno y mando, sino un proyecto de Ley que puede ser enmendado”.
“Como no ha podido gobernar en Canarias, que es lo que subyace, lo que se está intentando es desestabilizar, porque 'manu militari' Soria puede dejar a Gorona del Viento en manos de quién él quiera”, contestó la socialista Padrón a Fernández.
Y la nacionalista María del Mar Julios aseguró que, “resulta sospechoso e intolerable que se haga la reforma clandestinamente”, sin consultar al Gobierno de Canarias, como exige la propia Ley.
Pese a todo, en la Cámara flotó un atisbo de esperanza, pues la propia Luengo expresó su deseo de que “que Soria reflexione, que rectificar es de sabios y que oiga al Gobierno de Canarias en el periodo de tramitación en el Congreso”.
Un atisbo que Román Rodríguez se encargó de cortocircuitar: “Esto no se improvisa, es un estilo político, así que olvidénse de que vaya a haber una rectificación”.
