Canarias lleva a Guindos a la Justicia por la financiación
En mayo, el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, advertía en sede parlamentaria que el ministro Luis de Guindos podría estar aplicando criterios abusivos a Canarias, a la que impide financiarse con una entidad financiera americana que le supondría un ahorro de 7'5 millones de euros anuales sobre un préstamo de 500 millones.
Cinco meses después, y ante “la callada por respuesta” por parte del Ministerio de Economía, el Gobierno de Canarias ha acordado “emprender acciones judiciales” contra aquel por “no autorizar la formalización de operaciones de crédito en el extranjero”.
Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, pues los servicios jurídicos consideran que esta imposición del ministro “produce una infracción del ordenamiento jurídico” ya que el Estado no ha argumentado por qué niega la posibilidad de suscribir un crédito con una entidad extranjera.
Según Marrero, la negativa ministerial “no se ajusta a los fines marcados por la normativa vigente”, pues los servicios jurídicos consideran que el Estado, “lejos de facilitar las mejores condiciones de acceso a la financiación, lo que hace es imponer la obligación de acudir a la banca nacional”.
Y eso a pesar que ofrece peores condiciones financieras, lo que para el Ejecutivo supone “un mayor e innecesario gasto en intereses” que el Gobierno canario “podría destinar a otras partidas”.
En concreto, la banca española ofrece créditos a un interés del 2,5% por encima del coste del Tesoro, mientras que las entidades extranjeras contactadas por el Ejecutivo ofertan el 1 por ciento.
Un mes después de su primera denuncia en el Parlamento, el consejero González Ortiz insistió en la Cámara regional que el Estado “interfiere en la autonomía financiera” de Canarias, ya que “ni facilita los recursos suficientes, ni permite la libre elección de préstamos, aunque estos sean más ventajosos”.
Por tal motivo, a finales de agosto Canarias volvió a solicitar al Estado poder suscribir préstamos extranjeros más baratos, sin que hasta el momento haya habido ni una sola respuesta.
