Al desestimiento por aburrimiento
Como todo proceso judicial que se precie, el de la privatización parcial de Emalsa es toda una complicación por la confluencia de sentencias, autos, acuerdos plenarios... que se han ido sucediendo lentamente desde 1992 hasta nuestros días. Las sospechas de maniobras bajo la mesa no se han alejado jamás de este asunto, que ya tuvo los primeros escarceos en aquellas declaraciones de concejales de Izquierda Canaria Unida (ICU) y del Partido Socialista en favor de una adjudicación a Unelco, dada la canariedad de aquella empresa y la seguridad de que todo se quedaría en casa.
Casi veinte años después, ni Unelco es canaria ni está ya en el accionariado de Emalsa. Su matriz, Endesa, que tampoco es española, vendió aquellas participaciones a Sacyr, hoy Valoriza, mientras que la otra parte de la UTE, Saur, sigue siendo francesa. Y por los alrededores, las empresas de capital-riesgo de oriente. Lo único que se quedó en casa, por lo tanto, fue el valor añadido de la operación, entendiendo como tal la alegría que se llevaron los partidos políticos y algunos concejales que votaron favorablemente aquella adjudicación en 1992 en favor de Unelco-Saur y en detrimento, por tanto, de Aquagest.
Esta empresa, entonces filial de Aguas de Barcelona, inició el proceso judicial que hoy, dieciocho años después, continúa vivo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una sentencia del Supremo obligó al Ayuntamiento a replantearse en 2001 aquella adjudicación, anulada por el alto tribunal por defectos formales. En 2001 el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria era José Manuel Soria, quien lejos de cumplir con su promesa electoral de devolver la mayoría de las acciones de Emalsa al Ayuntamiento, corrigió los formalismos y ratificó aquella ajudicación.
Y Aquagest volvió a recurrir, convencida de que su oferta sigue siendo la mejor opción para el interés municipal y general. Y consciente también de que ningún aire refrescante llegado en aquella década de principios de siglo desde la Endesa chilena debía ser más definitivo que el peso de tener la razón.
Aquagest ha seguido adelante a pesar de los múltiples obstáculos políticos y judiciales con los que se ha tropezado durante este tiempo. Ha vencido al hartazgo que supone tener que aguantar una causa así ante los tribunales tanto tiempo. Demasiado tiempo para una Sala tan rápida para otras cosas.
Ahora espera por este antepenúltimo recurso, consciente de que si la Sala no anula sus actuaciones por arbitrarias y antijurídicas, acudirá al Tribunal Constitucional y, en su defecto al de Estrasburgo. Todo menos el desestimiento por aburrimiento.
