El dictamen de Luciano Parejo plantea ''un atajo irresponsable''
Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, ha tildado de “atajo irresponsable” el dictamen del catedrático de Derecho Constitucional Luciano Parejo sobre la ejecución de sentencias que han dejado en situación de ilegalidad a 27 hoteles en Lanzarote.
El miembro de la asociación ecologista señaló en El Correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO, que traspasar competencias del Cabildo insular al Gobierno canario, como sostiene el dictamen, “es una irresponsabilidad”. “El Cabildo se ve con la incapacidad jurídica de legalizar los hoteles y subroga competencias”, denunció Reyes, quien afirmó que en el Archipiélago existe “una tradición”, que se repite “cada cuatro o cinco años”, donde el Parlamento “saca una ley para legalizar todos los pelotazos”. “Hay que dar un escarmiento claro”, concluyó.
El portavoz de Ben Magec asegura que la solución pasa, en la mayor parte de los casos, por la “demolición” de los complejos hoteleros: “Lo demás sería cargar a las generaciones futuras con un planeamiento desastroso”.
Reyes ha recordado que la oferta alojativa en Lanzarote está “sobredimensionada” y que los últimos datos, a pesar de la alta ocupación por las revueltas en Túnez y Egipto, hablan de un “30% de camas sin ocupar, obsoletas, abandonadas, en situación de precariedad”.
Por su parte, el portavoz del PSC en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, mostró su preocupación por “el uso que se ha empezado a hacer en el Cabildo” del dictamen, al afirmar que “venía a remover la estrategia jurídica” de la institución. En este punto, Espino recordó que, gracias a los técnicos, “se han ganado 27 procesos”.
“El catedrático dejó claro en la Reserva del Consejo de la Biosfera que los principios que ha sostenido el PSC son correctos”, afirmó el secretario de los socialistas conejeros, que recordó que las medidas compensatorias que proponía se basaban en la “protección del interés general”.
Espino sostiene que las sentencias no hablan de demolición, sino de “restaurar la legalidad conculcada” y que, por lo tanto, se contempla desde el punto de vista jurídico la posibilidad de que obtengan licencia, aunque “algunas instalaciones no tienen modo alguno de ser legalizadas, salvo que se hagan cambios en el planeamiento.”
Para el socialista, el proceso de regularización es “una oportunidad para quitar camas del mercado, la principal amenaza de la Isla”.
