Empleados de HUC exigen al Gobierno que diga si comparte criterio de Roldós sobre inversión privada y si no la destituya
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)
El secretario del comité de empresa del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Guillermo de Loño, ha exigido este miércoles al Gobierno de Canarias que se posicione sobre unas recientes declaraciones de la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, sobre la inversión privada, y que si no comparte sus criterios “la destituya por deslealtad con la sanidad pública canaria”.
De Loño recordó que el pasado día 3 de mayo, Roldós en un foro celebrado en Madrid “animó a los empresarios a invertir en la modernización del HUC”. El portavoz de los empleados subrayó la “oposición” del comité y extendió su rechazo a “cualquier intento privatizador y el acceso de capital privado en la sanidad pública”.
Explicó que su posición se debe a que “parece obvio que cualquier inversor va a sacar rendimiento de la atención sanitaria cuando el objetivo debe ser ofrecer la mejor sanidad posible, independientemente de que produzca pérdidas o beneficios”. “No podemos fijarnos sólo en el lucro como motivante atención sanitaria”, zanjó.
En esta línea, indicó De Loño que “desde la llegada de la consejera ha habido varios indicios de por donde van los tiros”. Así expuso que “sin ir más lejos hace unos días tuvo lugar la publicación de una oferta de licitación publicada en el Boletín Oficial de Canarias sobre la atención de radioterapia en Gran Canaria”. “Es una cuestión básica para enfermos oncológicos que está en manos privados”, lamentó.
El representante del comité de empresa insistió en que el Gobierno de Canarias debe posicionar “porque no hay que olvidar que es una intervención de Roldós”. “Queremos que se posicione y si no comparte el criterio le pedimos la destitución de la consejera por deslealtad con la sanidad pública canaria”.
Además insistió en que durante la campaña electoral “no hablaron de desmantelar la sanidad ni privatizar servicios”. Además aprovechó para apoyar “la iniciativa legislativa popular para modificar la ordenación sanitaria y que impida la privatización”.
BARRERA
El comité de empresa y los sindicatos en él representados --Intersindical Canaria, CC.OO, UGT, SATSE, CEMS y SAE-- también ha mostrado en un comunicado “su rechazo al plan adelantado por la consejera de Sanidad para privatizar determinados servicios del futuro edificio de hospitalización del HUC”.
Resulta a su juicio “inaudito que tal proyecto haya sido expuesto por la consejera del Partido Popular durante el Encuentro Anual de Infraestructuras Sanitarias, patrocinado por el ”lobby“ de empresas privadas de Tecnología Sanitaria y en compañía de los consejeros de Galicia, Valencia, Madrid y Navarra (todas del PP), hecho este que tenemos que definir como un acto de grave deslealtad a la Sanidad Pública Canaria.
“Según Roldós en el Plan de Infraestructuras Sanitarias, servicios del Hospital Universitario de Canarias como cocina, lavandería, archivos clínicos, limpieza, esterilización (y quizás otros), previsiblemente, van a ser externalizados, en principio durante 30 años, con el objetivo, según dicen, de dar mayor viabilidad al sistema sanitario público, aunque tras ese ardid de buscar otras fuentes de financiación, se esconde no la potenciación del sistema público, sino posibilitar fuentes de negocio para el sector privado, y lo que es peor, en detrimento de la calidad asistencial”, resume el comité.
Además plantean que con la línea argumental del PP de ceder al sector privado los servicios públicos para mejorar su gestión, Roldós viene a reconocer su “incompetencia e incapacidad” para realizar su cometido, motivo por el que “debería inmediatamente abandonar su cargo de consejera”.
“Contrariamente a vender la gestión de los servicios de la que es responsable al sector privado, otra persona del ámbito público deberá asumir con eficacia las responsabilidades en la materia, para lo cual exigimos su inmediata sustitución”, exponen.
MALVERSA Y DERROCHA
De igual forma, expuso el comité que “a los hechos nos remitimos, el Gobierno malversa y derrocha el dinero público, para luego justificar la intervención de la privada”. “La disparatada y suicida gestión que desarrolla la Consejería en materia sanitaria, ha sobreelevado el coste del nuevo edificio de actividades ambulatorias en más de un 140 por ciento y ha supuesto un retraso de 4 años para el comienzo de sus actividades”.
“Las infraestructuras sanitarias básicas de la isla se encuentran paralizadas con el sólo objetivo de mantener el negocio de la privada, y en la misma línea de privatización de la sanidad pública, los conciertos con la privada se multiplican cada año. Por el contrario se acentúan los recortes en materia de contratación de personal. El debilitamiento del sistema sanitario es directamente proporcional al fortalecimiento de la sanidad privada. El nuevo proyecto para el Hospital Universitario va en la misma línea”, subrayan.
La privatización “parcial o total” de los servicios sanitarios públicos ni va a mejorar la calidad asistencial ni va a solventar el presunto déficit de la sanidad canaria. “Y esto lo demostramos con datos. Sin ir más lejos, la eficacia y los resultados de los servicios ya privatizados en el área sanitaria por el ejecutivo canario, no han podido ser más negativos”, añade.
“Nos referiremos a la externalización del lavado de ropa de salud mental del HUC, en el que la Consejería ha tenido que rescindir el contrato por incumplimiento reiterado del pliego de condiciones, abriendo ahora un nuevo concurso de adjudicación para persistir en el error. Sirva igualmente como ejemplo, los conflictos de todo tipo que ha generado la privatización de los aparcamientos del HUC, actualmente explotados por una UTE lucrativa que esquilma sin contemplación a los usuarios de la Sanidad pública cuando estos tienen que recurrir a unas prestaciones que según la ley , son integralmente gratuitas”, matizó.
En sentido más genérico, “la privatización de servicios generales o sanitarios, establece como principio básico el ánimo de lucro --negocio con la enfermedad--, en la que participan empresas relacionadas con el sector de la construcción o de seguros privados”.
“La filosofía comercial de este tipo de explotaciones no es cubrir las necesidades de la salud de la población eficazmente, sino obtener los mayores beneficios económicos posibles. Esto se traduce en menor plantilla (hasta 25 por ciento menos) peores condiciones laborales, nula o escasa fiscalización y control asistencial, restricciones en el uso de material asistencial y de peor calidad, y en el caso de déficit, la administración compensará con dinero público el mismo. Lógicamente, todo ello empeorara la calidad asistencial que reciba el usuario”, dicen.
Ante esto el comité propone la “oposición de los trabajadores y de todos los sindicatos a cualquier acto de privatización parcial o total de los servicios del HUC”. “Desde hoy construirán una ”barrera“ para obstaculizar cualquier intentona privatizadora de la Administración”, apostillan.
Proponen de igual forma la “sustitución de Roldós por deslealtad hacia el HUC y el servicio público sanitario canario”. “Exigir un posicionamiento del Gobierno canario para que defina si, el proyecto adelantado por Roldós, es también asumido por el Ejecutivo. En caso contrario exigimos un desmentido gubernamental”, dicen.
El comité de empresa y todos los sindicatos apoyan y promoverán la propuesta del foro Social Canario por la Salud y la Sanidad pública para modificar la Nueva Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias con el objeto de evitar las privatizaciones de la sanidad.
