Un empresario coló a una empleada suya en el Ayuntamiento de Granadilla
Aparte de los cuatro técnicos del Ayuntamiento de Granadilla de Abona llamados a testificar este viernes en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de ese partido judicial, una quinta persona fue interrogada en relación a los contratos presuntamente fraudulentos otorgados por la ex concejal de Cultura, Ana María Casimiro Pérez entre 2005 y 2007, años en los que era alcalde el socialista Jaime González Cejas.
Se trata de Mabel Rodríguez Scheifer, empleada de Juan Italo Lucio Zinícola, trabajador autónomo extranjero según Hacienda, dedicado a actividades deportivas, y que supuestamente fue beneficiado con once contratos por un total de 399.802 euros entre 2007 y mayo de 2007.
Como si se tratase de una versión del caso Lerena, ocurrido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rodríguez Scheifer tenía su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Granadilla sin vinculación laboral con esa corporación pero con un correo electrónico corporativo, asistentecultura@granadilladeabona.org, dentro de la Concejalía de Cultura, aunque el sueldo se lo abonaba Zinícola.
Zinícola logró 16.200 euros por designación directa de Ana María Casimiro, imputada por dos posibles delitos de prevaricación que investigan el juez, la acusación popular (Sí se Puede) y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Por el procedimiento de negociado sin publicidad logró siete contratos a cargo de los presupuestos de 2005 y 2006 por una cuantía total de 189.900 euros, y mediante concurso público logró que se le asignaran otros dos contratos, también en 2006, por un total de 193.702 euros.
En la capital tinerfeña, un constructor, Juan Antonio Lerena Sánchez, logró colar a una empleada suya en la Gerencia de Urbanismo durante siete años, tiempo en el que logró sucesivos contratos del Ayuntamiento. La Fiscalía Provincial vio en ese caso un delito de cohecho. En el caso Granadilla, en el que las presuntas prevaricaciones del área de Cultura son sólo una pequeña parte, no hay todavía calificaciones del Ministerio Público sino que se mantiene la instrucción, que ya dura cuatro años, ha pasado por dos jueces y consta de más de 20.000 folios.
